Honduras evitó que una reclamación por $460 millones de dólares se convirtiera en una obligación de pago para el Estado, luego de que un tribunal internacional aceptara las objeciones jurídicas planteadas por la defensa hondureña.
La resolución elimina una amenaza financiera de considerable magnitud para las cuentas públicas y convierte una compleja disputa internacional en un resultado concreto para la ciudadanía: esos recursos no tendrán que destinarse al pago de la indemnización exigida por la compañía.
Tribunal acoge argumentos de Honduras
“La Procuraduría General de la República (PGR) informa a la población hondureña que el pasado 30 de septiembre, el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dictó un laudo favorable a la República de Honduras en el arbitraje No. ARB/23/3, promovido por la empresa mexicana JLL Capital”, señaló la institución.
El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, afirmó que la estrategia jurídica mantendrá como prioridad la protección de los bienes y recursos nacionales.
“Nosotros vamos a defender el patrimonio del Estado de Honduras; la postura del Estado será defenderse”, expresó Aspra.
La disputa nació por operaciones financieras
Como antecedente, JLL Capital alegó que actuaciones judiciales relacionadas con su subsidiaria CA Capital habían provocado la expropiación de su inversión y una denegación de justicia. La compañía fundamentó su reclamación en supuestas violaciones al Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica.
El tribunal concluyó que las medidas cuestionadas estaban vinculadas con servicios financieros, materia excluida de las disposiciones de protección de inversiones invocadas por la demandante. También rechazó la petición alternativa de JLL Capital para que asumiera competencia mediante el Tratado de Libre Comercio entre México y el Triángulo del Norte.
