Presidente Nasry Asfura examina posibilidad de implementar estado de excepción

El presidente Nasry Asfura confirmó que su administración estudia la medida como una respuesta extraordinaria para recuperar el control en territorios donde los homicidios, las extorsiones y operaciones de estructuras criminales mantienen bajo presión a las comunidades.

“Lo estamos analizando en qué lugares sea obligatorio para poder tener un control y realmente una revisión clara de qué está pasando en algún municipio o en algún departamento”, declaró Asfura este lunes al ser consultado sobre la posibilidad de recurrir nuevamente a esta herramienta.

El planteamiento no contempla, por ahora, una aplicación automática en los 298 municipios de Honduras. La decisión dependerá del comportamiento de la criminalidad y de los informes preparados por las instituciones responsables de la seguridad pública.

“Para que esto pueda suceder tiene que ir al Congreso Nacional a una aprobación, donde se van a necesitar también los votos tanto del Partido Libertad y Refundación, como del Partido Liberal de Honduras”, afirmó Asfura.

El acuerdo político resultará determinante, porque el estado de excepción permite restringir temporalmente algunas garantías constitucionales para facilitar allanamientos, capturas y operaciones contra grupos criminales.

La medida deberá establecer con precisión los municipios intervenidos, su duración y los mecanismos de supervisión. Para la ciudadanía, el objetivo será recibir protección efectiva sin que una herramienta excepcional se transforme en una disposición permanente o indiscriminada.

Gobierno revisará situación de cada territorio

Honduras permaneció bajo un estado de excepción durante más de tres años. La medida terminó el 26 de enero de 2026, después de al menos 24 prórrogas y una expansión que llegó a cubrir el 76 % del territorio nacional.

El Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) registraba 1,432 homicidios hasta el 2 de agosto de 2026, una tasa parcial de 14.06 muertes violentas por cada 100,000 habitantes. Los datos permanecían en proceso de validación.

La administración de Asfura llevará el análisis al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), instancia que examinará la situación de los territorios con mayor incidencia delictiva. El reto será trazar un mapa preciso de violencia para llevar la respuesta estatal hacia los lugares donde la población enfrenta los mayores riesgos.