La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), también conocida como la Unidad de Política Limpia de Honduras, sancionó oficialmente a 556 candidatos de las Elecciones Generales de 2025 por vulnerar los preceptos legales de las regulaciones financieras de las campañas electorales.
El informe detalló que los políticos sancionados se dividen de la siguiente manera:
- Alcaldes: 382 aspirantes municipales no presentaron sus reportes.
- Diputados: 174 aspirantes al Congreso Nacional incumplieron la norma.
- Electos: Del total general, 14 candidatos que ganaron sus cargos legislativos o municipales figuran en el listado de sancionados por opacidad.
La sanción de L146,457,720 impuesta al excandidato presidencial Salvador Nasralla no surgió de una decisión discrecional del pleno de comisionados, sino de una disposición legal vigente desde 2017 que obliga a notificar las aportaciones privadas superiores a 120 salarios mínimos, explicó Ivonne Ardón, comisionada presidenta de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) o mejor conocida como Política Limpia.
Multas aplicadas por incumplimiento
Las sanciones económicas globales para las alcaldías y diputaciones representan una recaudación obligatoria de L51.04 millones, distribuidas según el cargo:
La institución determinó que durante la campaña presidencial de 2025 se recibieron 21 aportaciones privadas por un total de L73,228,860 que no fueron notificadas dentro del plazo legal. La multa corresponde al doble de esa cantidad, como establece la normativa para una primera infracción.
“No es algo que lo dice el pleno de comisionados, dice la ley y está reportado en el propio informe del candidato”, afirmó Ardón al explicar el fundamento de la resolución administrativa.
Dentro de las autoridades actuales que serán sancionadas están:
Diputados electos sancionados: Alberto Emilio Cruz Zelaya (diputado electo por el departamento de Comayagua), Daisy María Andonie López (diputada electa por el departamento de Cortés), Gustavo Adolfo González Aguilar (diputado electo por el departamento de El Paraíso), Stephen Garrett García Arch (diputado electo por el departamento de Islas de la Bahía).
Alcaldes electos sancionados: José Luis Chevez Mendoza (alcalde del municipio de Alubarén, Francisco Morazán), Carlos Gómez Marín (alcalde del municipio de Brus Laguna, Gracias a Dios), Gerardo Antonio Mejía Mejía (alcalde del municipio de San Marcos, Ocotepeque).
El artículo 22 de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos ordena registrar las aportaciones monetarias o en especie. Cuando estas superan los 120 salarios mínimos, deben realizarse mediante cheque o transferencia bancaria para identificar al aportante, la cuenta de origen y el beneficiario.
El artículo 56, numeral 3, dispone que la falta de notificación por primera vez se sanciona con el doble del valor recibido. Si la infracción se repite en otro proceso electoral, la multa asciende al triple del monto no registrado.
“La ley establece que, por primera vez, por no reportar esas aportaciones superiores a los 120 salarios mínimos, hay que aplicarle el doble de lo que recibió. Si en otro proceso se vuelve a dar un incidente de esta clase, la ley ordena que sea el triple de lo que captó”, detalló Ardón.
La normativa está contenida en el Decreto 137-2016, publicado en el diario oficial La Gaceta el 18 de enero de 2017. Su reglamento también obliga a notificar estas aportaciones dentro de los tres días hábiles posteriores al depósito.
Política Limpia defiende la aplicación de la normativa
Ardón rechazó que la sanción responda a una maniobra partidaria y sostuvo que los comisionados se limitaron a aplicar una regla aprobada antes del proceso electoral de 2025.
“Jugadas políticas, disculpen, pero la ley no la hice yo, no la hizo el comisionado Juan Pablo ni la hizo el comisionado Vladimir. La ley está hecha desde el año 2017”, expresó.
“¿Cumplimos o no cumplimos, o sencillamente nos ponemos una venda en los ojos y aquí no pasó nada?”, cuestionó Ardón.
