La administración Asfura, se caracteriza por la relación armónica con todos los sectores y el respeto a la ley para mejorar la confianza internacional, parte de esa estrategia es mantener la independencia de poderes y de los órganos contralores del Estado.
El presidente Nasry Asfura defendió la independencia de las instituciones encargadas de investigar, fiscalizar, administrar justicia, y aseguró que el Poder Ejecutivo respetó sus actuaciones sin emitir órdenes ni anticipar juicios contra ninguna persona.
La posición del mandatario respaldó el funcionamiento autónomo de cinco instituciones fundamentales: la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y el Tribunal Superior de Cuentas.
“Asumí que cada quien tuvo que ser responsable de sus actos. Cada organismo contralor tuvo que hacer su trabajo”, afirmó Asfura durante una comparecencia ante medios de comunicación.
Independencia y respeto a la ley
El gobernante pidió que las instituciones desarrollaran sus procedimientos conforme a la Constitución de la República y las leyes.
También rechazó cualquier intervención presidencial en investigaciones, auditorías o decisiones judiciales.
“Desde aquí no levanté el teléfono para darle instrucciones a alguien. Respeté a las instituciones contraloras del Estado”, expresó el presidente.
La postura presidencial tuvo importancia para la ciudadanía porque la separación de poderes protegió el debido proceso, evitó la concentración de autoridad y permitió que cada denuncia o señalamiento recibiera una evaluación institucional antes de que surgiera una conclusión pública.
Asfura también solicitó prudencia frente a los casos sometidos al conocimiento de los órganos competentes. “Dejémoslos que hagan su trabajo. No juzguemos antes de la hora”, manifestó.
Cambiando la costumbre
El mandatario reconoció que la dirigencia política enfrentó históricamente dificultades para respetar la autonomía de las instituciones.
Sin embargo, aseguró que su administración adoptó una conducta distinta frente a los entes responsables del control público.
“Eso fue lo que no aprendimos nosotros los políticos y eso fue lo que hicimos ahora: respetamos esa independencia”, puntualizó.
La independencia institucional representó una garantía para que las investigaciones avanzarán con criterios técnicos y jurídicos, sin presiones partidarias o instrucciones externas. También fortaleció el derecho de toda persona a ser considerada inocente mientras una autoridad competente no determinara lo contrario.
Con su declaración, Asfura reafirmó que cada funcionario respondió individualmente por sus decisiones y que los organismos contralores asumieron la responsabilidad de investigar, fiscalizar y resolver conforme a sus atribuciones legales.
