La reciente aprobación de la Ley de Transparencia y Registro del Beneficiario Final representó un paso importante para fortalecer los mecanismos de prevención y combate contra el lavado de activos, la corrupción y otros delitos financieros en Honduras, según coincidieron especialistas durante el programa Frente a Frente.
Durante el espacio televisivo, el comisionado de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Gustavo Solórzano, explicó que la nueva normativa constituyó una herramienta clave para mejorar la identificación de los propietarios reales de empresas y estructuras societarias, aunque advirtió que su efectividad dependería de una adecuada implementación.
Importancia nacional
“La aprobación de la Ley de Transparencia y Registro del Beneficiario Final, por sí sola, no nos exime de aparecer en la lista gris del GAFI; lo importante es su aplicación”, afirmó Solórzano.
El funcionario señaló que uno de los principales desafíos consistió en garantizar que las instituciones responsables contarán con la capacidad técnica y operativa para supervisar el cumplimiento de la ley y asegurar la calidad de la información registrada.
Por su parte, el exfiscal de Lucha Contra el Narcotráfico, Nelson Domínguez, sostuvo que la legislación permitió avanzar en el fortalecimiento de las capacidades del Estado para rastrear recursos de origen ilícito y combatir estructuras financieras vinculadas al crimen organizado.
“El objetivo es cerrar espacios a la impunidad financiera y fortalecer la capacidad del Estado para detectar y rastrear recursos vinculados a actividades ilícitas”, expresó Domínguez.
Los especialistas coincidieron en que el registro del beneficiario final facilitó la identificación de las personas naturales que ejercieron el control efectivo o recibieron los beneficios económicos de una sociedad mercantil, una medida impulsada por diversos organismos internacionales para aumentar la transparencia financiera.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo encargado de promover estándares globales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, ha recomendado a los países fortalecer los mecanismos de identificación de beneficiarios finales como parte de sus sistemas de prevención.
Ilícito de alto impacto
De acuerdo con estimaciones de organismos internacionales, el lavado de activos movilizó cada año entre el 2 % y el 5 % del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, lo que evidenció la necesidad de fortalecer los controles financieros y la cooperación institucional.
Los analistas señalaron que la aprobación de la ley representó un avance significativo para Honduras, pero insistieron en que los resultados dependerían de su correcta aplicación, supervisión y cumplimiento por parte de los sectores obligados.
Con esta normativa, el país fortaleció su marco jurídico en materia de transparencia financiera y dio un paso adicional hacia el cumplimiento de los estándares internacionales de prevención del delito económico.
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