El Instituto de la Propiedad (IP) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) suscribieron un Convenio de Cooperación Interinstitucional orientado a fortalecer la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y mejorar la gobernanza territorial en Honduras.
La iniciativa busca impulsar acciones conjuntas que contribuyan al desarrollo del sector rural mediante la modernización de procesos, el fortalecimiento institucional y la mejora en el acceso a información relacionada con la propiedad de la tierra.
Entre los principales componentes del acuerdo destacan la digitalización de registros y trámites, así como la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan optimizar la gestión territorial.
Estas acciones pretenden agilizar los servicios que reciben los ciudadanos y brindar mayor transparencia en los procesos vinculados a la administración de la propiedad.
Además, el convenio contempla el fortalecimiento de las capacidades técnicas, jurídicas y tecnológicas del personal de ambas instituciones; es así que se busca mejorar la atención a los usuarios y garantizar una gestión más eficiente de los recursos vinculados al ordenamiento territorial.
La seguridad jurídica de la tierra constituye uno de los principales desafíos para el desarrollo agrícola en Honduras.
De acuerdo con organismos internacionales especializados en desarrollo rural, contar con títulos de propiedad claros y registros actualizados facilita el acceso al crédito, incentiva la inversión productiva y reduce los conflictos relacionados con la tenencia de la tierra.

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Impulso al desarrollo rural sostenible
Por su parte, el secretario ejecutivo del IP, Luis Torres, reafirmó el compromiso de la institución de continuar trabajando para brindar certeza jurídica a los propietarios de tierras con especial atención a los productores agrícolas que dependen de la seguridad de sus parcelas para desarrollar sus actividades económicas.
Asimismo, el representante del IICA en Honduras, Christian Fischer, señaló que la alianza permitirá avanzar en la legalización de tierras y enfrentar retos históricos asociados a la gestión territorial, contribuyendo al fortalecimiento del desarrollo rural sostenible.
Con este acuerdo, ambas instituciones consolidan una agenda de cooperación enfocada en promover una administración territorial moderna, transparente y orientada a generar oportunidades de crecimiento económico y bienestar social para la población hondureña.




