De igual forma, afirmó que hay aparatos e información pública que están desaparecidos y su destino aún se desconoce.
En ese sentido, Núñez, durante su presentación del primer informe, aclaró que el objetivo de la Comisión no es emitir juicios políticos ni señalamientos, solamente documentar hechos.
«Durante el proceso de revisión encontramos situaciones que generan profunda preocupación y que requieren una investigación exhaustiva por parte de los órganos de control del Estado.
El comisionado indicó que uno de los hallazgos de la revisión documental que más llamó la atención fue «al analizar contratos, facturas, órdenes de pago y demás documentación realizados por servicios de transmisión y difusión de contenidos financiados con recursos del Estado encontramos valores que merecen una explicación técnica y financiera».
Añadió: «Los documentos revisados reflejan costos equivalentes a aproximadamente 70 mil lempiras por minuto de transmisión».
El comisionado indicó que estos valores constan en documentos oficiales, contratos y facturas que forman parte de los expedientes bajo revisión.
Además, detalló que se encontró el uso de recursos públicos que presuntamente habrían sido destinados a temas políticos.
«Se encontró documentación relacionada con gastos de alimentación, movilización de personal, elaboración de material promocional y otras erogaciones que deberán ser revisadas para determinar si existió una utilización indebida de fondos públicos».
«Encontramos indicios de serias deficiencias en los controles internos relacionados con la administración del recurso humano; existen registros que sugieren la permanencia de personas en planilla sin que se encontrara evidencia suficiente sobre la prestación efectiva de sus servicios», afirmó.
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Además, dijo que uno de los hallazgos más delicados es la desaparición de dispositivos de almacenamiento pertenecientes al Estado en los que se incluyen memorias, discos duros internos de CPU y discos duros externos de equipos informáticos institucionales.
Explicó que no se trata de la pérdida del equipo material, sino de la información pública cuyo contenido y destino aún se desconocen.
«Estos expedientes serán remitidos para su respectiva auditoría y análisis especializados a fin de determinar la legalidad, razonabilidad y conveniencia de dichos pagos», expresó.
Algo que puedo afirmar con certeza es que los documentos existen, los pagos existen y los expedientes existen.
Auditorías especiales
Con respecto a la Dirección General de Cinematografía, mencionó que se encontraron importantes hallazgos de recursos públicos destinados a premios, proyectos y actividades culturales alrededor de más de 60 millones de lempiras anuales.
«En esta institución se hicieron películas y documentales que estoy más que seguro de que ninguno de los hondureños conoce», indicó Núñez.
En el caso del Instituto de la Memoria se encontró una escasa evidencia operativa, por lo que se está requiriendo la información correspondiente para determinar el cumplimiento de sus objetivos y la utilización de los recursos obtenidos. «Aquí no encontramos personal», indicó Núñez.
Por su parte, el programa de Mártires identificó elementos sobre si los recursos aprobados llegaron en su totalidad a los beneficiarios correspondientes. «Existen indicios que justifican una revisión profunda de los mecanismos de pago y de la trazabilidad de fondos públicos.»
Ante estos hallazgos, Leonel Núñez hizo un llamado al Tribunal Superior de Cuentas, al Ministerio Público y demás instituciones competentes para que realicen las auditorías especiales, reparos, investigaciones y acciones legales que correspondan.
Núñez concluyó: «Los documentos hablan por sí solos; nuestra responsabilidad ha sido encontrarlos, protegerlos y entregarlos a las autoridades correspondientes».
