El secretario de Estado en el Despacho de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, informó que el resultado se registró durante los primeros siete meses del gobierno del presidente Nasry Asfura. La cifra quedó por debajo del promedio latinoamericano de un 2.52 %, según la información oficial divulgada.
Honduras siempre tuvo un riesgo país; la noticia favorable no consistió en tenerlo, sino en que el indicador bajó a un 1.46 %, su nivel más reducido en 13 años. La disminución reflejó una mejor percepción sobre la capacidad del Estado para pagar sus compromisos y abrió la posibilidad de obtener recursos externos a menor costo.
“El riesgo país no baja por casualidad: se reduce con decisiones firmes, responsabilidad fiscal, trabajo en equipo y confianza”, afirmó Hernández Hércules en su publicación oficial.
¿Qué midió el riesgo país?
El Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI, por sus siglas en inglés) expresó esa diferencia mediante puntos básicos. El 1.46 % equivalió a 146 puntos básicos adicionales sobre la tasa estadounidense. La cifra no representó una probabilidad de un 1.46 % de que Honduras incumpliera sus pagos.
Cuanto menor resultó el indicador, menor compensación exigió el mercado por prestarle dinero al país. Honduras ocupó la octava posición entre los países latinoamericanos con menor riesgo.
“Logramos 1.46 % de riesgo país, el más bajo en más de una década”, destacó el secretario de Estado.
El primer beneficio potencial apareció en el costo de la nueva deuda pública. Una prima menor permitió que el Estado buscara financiamiento en condiciones más favorables. La diferencia de 1.06 puntos porcentuales frente al promedio regional representó, como ejercicio ilustrativo, hasta $10.6 millones menos en intereses anuales por cada $1,000 millones de nueva deuda, siempre que la tasa base, el plazo y las demás condiciones permanecieran iguales.
Ese ahorro potencial pudo liberar recursos presupuestarios para carreteras, hospitales, escuelas, sistemas de agua y programas sociales. El Banco Interamericano de Desarrollo explicó que una política fiscal ordenada facilitó el acceso gubernamental a créditos internacionales menos costosos.
El segundo efecto alcanzó al sector privado. Una mejor percepción soberana fortaleció la confianza de bancos, empresas e inversionistas. El Banco Mundial comprobó que los problemas de deuda soberana elevaron los costos de capital de las empresas; por ello, una reducción del riesgo mejoró el entorno para la inversión y el empleo.
Sin embargo, la caída no redujo automáticamente las tasas de los préstamos personales, no abarató la deuda contratada anteriormente ni disminuyó por sí sola el costo de vida. El beneficio ciudadano dependió de que la estabilidad fiscal continuara y de que cualquier ahorro financiero se convirtiera en inversión pública, servicios y oportunidades económicas.
