La falta de ejecución de proyectos agrícolas durante la administración anterior obligó al Gobierno de Honduras a devolver $140 millones más de L3,600 millones en recursos de cooperación internacional, una decisión que impidió ampliar programas de riego, asistencia técnica, financiamiento y modernización del campo que habrían beneficiado al menos a 5,000 familias en condiciones de pobreza.
El secretario de Estado en los despachos de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Abraham Molina, informó que $120 millones ya fueron desobligados, producto de la falta de avances dentro de los plazos establecidos, mientras que el resto de los fondos también debió ser devuelto al vencer los compromisos de ejecución.
Negligencia robó oportunidades a productores
Según explicó el funcionario, los recursos permanecieron sin utilizar durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro, cuando la Secretaría de Agricultura y Ganadería estuvo dirigida por Laura Suazo, situación que finalmente dejó sin acceso a miles de productores a inversiones destinadas a fortalecer la producción nacional de alimentos.
"Tuvimos que devolver una cantidad fuerte de dinero, porque no se había ejecutado a tiempo y ya no había margen para hacerlo. Si no devolvíamos esos recursos, la cartera crediticia del país iba a quedar en precario y no podíamos darnos ese lujo", declaró Molina.
El secretario de Estado lamentó que la pérdida de estos recursos redujera las oportunidades de desarrollo para las comunidades rurales más vulnerables del país.
"Con esos recursos por lo menos unas 5,000 familias más hubieran sido favorecidas y quizá hasta 8,000, mediante proyectos productivos que transformarían sus condiciones de vida", afirmó.
Molina detalló que los fondos estaban destinados a financiar sistemas de riego, reservorios de agua, bombas solares, maquinaria agrícola, tecnologías climáticamente inteligentes, financiamiento para productores y asistencia técnica, herramientas orientadas a incrementar la productividad, reducir las pérdidas por sequías y generar mayores ingresos para las familias campesinas.
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Asimismo, explicó que cuando la actual administración asumió la conducción de la SAG encontró que cerca del 70 % del tiempo de ejecución de los programas ya había transcurrido y que únicamente existía un 3 % de avance en campo, lo que hizo imposible completar las inversiones dentro de los plazos establecidos por los organismos cooperantes.
Caso está en investigación
Esta revelación se produjo después de que la SAG presentará denuncias ante el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público por la falta de liquidaciones y documentación que respaldara la ejecución de más de L6,000 millones asignados al Bono Tecnológico Productivo entre 2022 y 2026.
