El gobierno de Nasry Asfura colocó un bono soberano por un monto de $815.67 millones de dólares, a 10 años y con una tasa de interés de 6.40 %, una operación que permitió reorganizar obligaciones, reducir el costo del financiamiento y ampliar el plazo disponible para cumplir los compromisos del Estado.
Además de fomentar la inversión en prioridades estatales.
Un bono soberano representó un préstamo que un país recibió de inversionistas nacionales o internacionales, en lugar de solicitar el dinero a un solo banco, el gobierno emitió títulos, obtuvo los recursos y se comprometió a pagar intereses periódicos y devolver el capital en la fecha establecida.
Hecho histórico y alivio financiero
La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, destinó los fondos a operaciones de manejo de pasivos y a necesidades presupuestarias generales.
“Esta transacción representó un hito para el país al incorporar prácticas modernas de administración de deuda”, señaló la institución en su comunicado oficial, reproducido por medios nacionales.
Si consiguió un préstamo más barato, canceló esas cuentas, reunió la deuda en una sola obligación y extendió el plazo, redujo la cuota mensual y recuperó capacidad para cubrir alimentación, vivienda, educación o salud.
La tasa de 6.40 % también resultó inferior a la registrada por el bono soberano sostenible colocado en 2024, cuyo rendimiento superó el 8 %.
Sergio Zepeda, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, explicó que la diferencia produjo un menor pago de intereses.
“Honduras estaría pagando al menos $181.5 millones de dólares menos en intereses durante toda la vigencia del bono”, estimó el economista, según medios universitarios oficiales.
Menos costo, más inversión pública
El beneficio para la ciudadanía dependió del uso responsable de ese alivio financiero. Un menor costo de la deuda dejó más espacio presupuestario para sostener servicios públicos, inversión social e infraestructura, mientras un calendario más amplio redujo el riesgo de que vencimientos concentrados desplazaran recursos destinados a hospitales, escuelas o programas sociales.
La colocación también reflejó que los inversionistas aceptaron prestar recursos al país bajo las condiciones pactadas. Sin embargo, la operación mantuvo una obligación futura: Honduras debió pagar intereses y devolver el capital.
Por esa razón, el verdadero valor público radicó en sustituir compromisos más costosos, ordenar las finanzas y evitar que el nuevo endeudamiento financiara gastos sin resultados medibles.
