La administración Trump, cada vez recrudece su políticas antiinmigrantes donde su prioridad es frenar el paso clandestino de personas provenientes en su mayoría de latinoamericanos.
El gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) destinó un total de $20 millones de dólares para adquirir guantes capaces de emitir descargas eléctricas.
Asimismo, equipar a agentes migratorios, una decisión que generó preocupación por la seguridad y los derechos humanos de las personas sometidas a controles, arrestos y procesos de deportación.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que el contrato permitió comprar miles de dispositivos CTG-5 G.L.O.V.E. y fijó como plazo de distribución marzo de 2027.
El equipo llegó a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pertenecientes a las unidades de detención, deportación e investigaciones.
Los guantes incorporan electrodos conductores en la palma y emitiendo pulsos eléctricos cuando entran en contacto directo con la piel.
El fabricante Compliant Technologies explicó que el dispositivo alcanzó hasta 380 voltios e interrumpió temporalmente la coordinación muscular de la persona.
El Departamento de Seguridad calificó el equipo como un “dispositivo de distracción y desescalada” y argumentó que ayudó a controlar a personas que opusieron resistencia física.
“ICE evaluó constantemente las necesidades de nuestros agentes en el terreno para garantizar que contarán con las herramientas y el equipo necesarios para arrestar y deportar de forma segura a los inmigrantes ilegales con antecedentes penales”, declaró la institución.
Organizaciones alertaron sobre posibles abusos
La Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON, por sus siglas en inglés) cuestionó la medida y advirtió que el diseño discreto del dispositivo dificulta identificar cuándo un agente active la descarga.
“Hay que acabar con la violencia. El ICE debe salir de nuestras calles, de nuestras comunidades y de nuestro país”, declaró Jorge Torres, director de la organización.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) también señaló que el dispositivo pudo facilitar un uso excesivo de la fuerza durante procedimientos migratorios de carácter civil.
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Seguridad nacional o violación de derechos
El manual del fabricante desaconsejó aplicar las descargas contra niños, mujeres embarazadas, personas mayores y personas con discapacidad.
También prohibió utilizar el guante como castigo o ante una simple desobediencia verbal y exigió que cada agente recibiera capacitación y renovará su certificación cada dos años.
La controversia aumentó después de varios operativos migratorios que provocaron muertes, protestas y reclamos de mayor supervisión.
La adquisición colocó nuevamente en debate los límites del uso de la fuerza, la rendición de cuentas y la protección de la población migrante frente a tecnologías capaces de causar dolor sin dejar señales visibles.
