El diagnóstico, presentado este viernes en la segunda mesa técnica entre el gobierno del presidente Nasry Asfura y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), priorizó seis sectores y convirtió la modernización del Estado en un plan con cronograma.

Una plataforma basada en inteligencia artificial examinó 365 trámites públicos y trazó la primera ruta concreta para reducir papeles repetidos, demoras y espacios de discrecionalidad, una carga cotidiana para la ciudadanía y la inversión. 
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Foto: Encuentro interinstitucional: Cortesia

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Menos documentos repetidos

El principal cambio propuesto colocó al Estado, y no a la persona, frente a la obligación de localizar información ya entregada. La coordinadora general de Gestión por Resultados, Gabriela Alejandra Díaz, explicó que el análisis detectó exceso de requisitos y documentos. También identificó oportunidades de interoperabilidad, término que describió el intercambio de datos entre instituciones sin exigir otra vez la misma constancia al usuario.

El ejercicio seleccionó infraestructura, salud, transporte y logística, sector agroalimentario, telecomunicaciones y gobierno digital. La priorización concentró el esfuerzo en áreas decisivas para la atención pública, la actividad productiva y la competitividad nacional.

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Foto: Simplificación administrativa: Cortesía

La jornada reunió al secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia, Juan Carlos García; al secretario de Estado asesor en materia de Inversión, Epaminondas Marinakys; al titular de la Dirección de Gestión por Resultados (Diger), Elmer Ferrera, y a la representante residente del BID en Honduras, Julia Johannsen.

Marinakys fijó el cierre de 2026 como meta para completar la plataforma. “Lo que se espera llegar es que antes de final del año tengamos ya todo un proceso, una plataforma que nos permita hacer todos los trámites vía virtual, todo en digital”, afirmó.

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Foto: Gobierno digital: Cortesía
De la prueba al resultado

Johannsen destacó el valor de adaptar experiencias aplicadas en otros países y advirtió que el paso de una norma nacional a una disposición secundaria o municipal agregó requisitos, costos y discrecionalidad. En una "publicación sobre la iniciativa", resumió el beneficio como la posibilidad de “simplificar procesos y mejorar los servicios del Estado para los ciudadanos y las empresas”.

La "primera reunión de junio" instaló la mesa técnica y planteó el uso de inteligencia artificial para revisar leyes, reglamentos y procedimientos, detectar duplicidades y escoger proyectos piloto. La segunda sesión mostró el primer resultado medible: 365 trámites examinados y seis sectores priorizados.

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Foto: Digitalización de trámites: Cortesía

El encuentro no detalló todavía una reducción cuantificada de plazos, costos o requisitos. Ese indicador quedó pendiente para la fase de implementación. El reto se concentró en convertir el diagnóstico en servicios funcionales, seguros y accesibles. 

Para el ciudadano, el valor público dependió de un resultado sencillo: menos pasos, menos documentos repetidos y una relación más transparente con el Estado.