El Gobierno del Presidente Nasry Asfura, a través del Instituto de la Propiedad, entregó 508 títulos de propiedad a familias de Las Urrutias y Barrosas, en San Ignacio, Francisco Morazán, y fortaleció la seguridad jurídica de cientos de hogares que esperaron por años la legalización de sus predios.
La jornada benefició a 471 familias de la aldea Las Urrutias y a 37 habitantes de la comunidad de Barrosas, quienes recibió el documento legal que acreditó la propiedad de sus terrenos y abrió nuevas oportunidades para acceder a crédito, inversión familiar y desarrollo comunitario.
Seguridad jurídica
El Secretario Ejecutivo del Instituto de la Propiedad, Luis Alberto Torres, destacó que la titulación representó tranquilidad, certeza jurídica y respaldo estatal para las familias beneficiadas.
“Por instrucciones del Presidente de la República, Nasry ‘Tito’ Asfura, el Gobierno de Honduras continuará impulsando acciones concretas que mejoren la calidad de vida de la población”, expresó Torres.
El funcionario agregó que la medida respondió a una demanda histórica de las comunidades rurales. “Estas familias esperaron durante años una respuesta a la necesidad de regularizar sus propiedades”, manifestó el Secretario Ejecutivo del Instituto de la Propiedad.
La entrega se realizó por medio de la Dirección General de Regularización Predial, mediante el mecanismo de Prescripción Adquisitiva, contemplado en el artículo 91 de la Ley de Propiedad, herramienta legal que permitió reconocer y formalizar los derechos de posesión sobre bienes inmuebles.
El Instituto de la Propiedad indicó que esta acción formó parte del programa de regularización predial que impulsó el Gobierno del Presidente Asfura para acercar los servicios del Estado a las comunidades y fortalecer la tenencia legal de la tierra en Honduras.
Justicia para las familias
En el acto participó el gobernador político de Francisco Morazán, Blass Ramos; las diputadas Merari Díaz y Johana Bermúdez; el alcalde de San Ignacio, Gerson Rivera; la vicealcaldesa Maritza Cáceres; el director general de Regularización Predial, Ilich Martínez; y la directora adjunta Odessa Suazo.
Con esta entrega, el Gobierno consolidó un paso clave para que 508 familias contaran con respaldo legal sobre sus terrenos y avanzó en su compromiso de promover seguridad jurídica, bienestar social y desarrollo sostenible en las comunidades hondureñas.
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