Atraer inversiones de gran escala y responder al crecimiento de la demanda energética, así coincidieron especialistas internacionales durante la emisión del Foro de TVC Frente a Frente de este martes 29 de julio.
El análisis reunió a Carmen Urízar, economista y exsecretaria de Estado de Energía y Minas de Guatemala; Mario Alvarado Mora, ingeniero civil y exdirector de la Asociación Costarricense de Productores de Energía; Víctor Carlos Urrutia Guardia, ingeniero eléctrico panameño y coautor de la ley eléctrica de su país; y Roberto Miguel González, ingeniero mecánico electricista de El Salvador, quienes expusieron las lecciones que Honduras debía considerar en el proceso de modernización del sector.

Uno de los principales temas abordados fue la preocupación ciudadana sobre una eventual privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) mediante la separación de las actividades de generación, transmisión y distribución.
La reforma debe hacer una gestión eficiente
Urízar explicó que esa medida no significó la venta de los activos estatales, sino una reorganización para hacer más eficiente el funcionamiento del sistema.
"La separación de las actividades no implicó privatizar la empresa; el objetivo consistió en crear condiciones para que existiera competencia y que el precio de la energía reflejara eficiencia en beneficio de los usuarios", afirmó.

En la misma línea, Urrutia sostuvo que el éxito de una reforma debía medirse por la calidad del servicio recibido por la población y no por la naturaleza pública o privada de los operadores.
"El hecho de que los bienes sean privados o públicos no es tan importante; lo importante es que haya buen servicio y que exista la inversión oportuna", manifestó el especialista panameño.
Durante el foro también se advirtió que la desinformación había desviado el debate técnico sobre la reforma eléctrica, generando temores que, según los panelistas, dificultaban la discusión sobre soluciones para fortalecer el sistema energético nacional.

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Otro de los aspectos centrales fue la necesidad de atraer capital para ampliar la infraestructura eléctrica. Mario Alvarado Mora explicó que el crecimiento de la demanda exigía inversiones que superaban la capacidad financiera de los Estados.
"Solo Costa Rica requirió alrededor de $8,000 millones para atender el crecimiento proyectado de los próximos 15 años. Ningún gobierno pudo asumir por sí solo ese nivel de inversión", señaló.

Foto: Emilio Flores DNH Reforma eléctrica
La clave es seguridad jurídica y reglas claras
El especialista añadió que la condición indispensable para atraer esos recursos fue ofrecer seguridad jurídica y reglas claras a los inversionistas, lo que permitió desarrollar nuevos proyectos sin comprometer las finanzas públicas.
Roberto Miguel González coincidió en que las reformas debían construirse con visión de largo plazo, estabilidad regulatoria y certeza para todos los actores del mercado, elementos que, según afirmó, fortalecieron la confiabilidad del suministro en varios países de la región.

Como antecedente, el Congreso Nacional continuó el análisis de la reforma del sistema eléctrico y recientemente aprobó contratos de generación por 30 y 50 megavatios, en una etapa considerada clave para la transformación del sector.
Los especialistas coincidieron en que una legislación moderna, acompañada de instituciones sólidas y reglas transparentes, permitiría ampliar la inversión, fortalecer la ENEE y mejorar la calidad del servicio que reciben millones de hondureños.








