El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, señaló que las reformas penales actualmente debatidas en el Congreso Nacional buscan reforzar la capacidad del Estado para enfrentar la extorsión y desarticular las estructuras criminales que operan en Honduras.
Entre las propuestas figuran extender de 24 a 48 horas el plazo de detención, incorporar la figura de flagrancia permanente y considerar los tatuajes como posibles elementos de prueba, además de planteamientos para reducir la edad punible.
Velásquez explicó que varias de estas iniciativas fueron promovidas por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y precisó que la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad será ejecutar las disposiciones que sean aprobadas y entren en vigencia.
En ese contexto, Zambrano sostendrá este martes una reunión en el Salón de Retratos del Congreso Nacional con miembros de la Junta Directiva, jefes de bancada, integrantes de las comisiones de Defensa y Seguridad, operadores de justicia, autoridades policiales y militares, así como representantes del sistema penitenciario.
El encuentro tendrá como eje los temas de seguridad y el funcionamiento del sistema de justicia, en medio de la discusión de medidas orientadas a fortalecer la respuesta del Estado frente a la criminalidad.
Reformas penales buscan ampliar herramientas contra el crimen
Velásquez explicó que las modificaciones legales actualmente en discusión pretenden reforzar la capacidad de las autoridades para actuar contra las asociaciones terroristas y otras organizaciones delictivas, en un contexto en el que la extorsión continúa siendo una preocupación para la población y el sector empresarial.
“Hablamos de las reformas que están discutiéndose en este momento en el Soberano Congreso Nacional, como son la ampliación de los términos de 24 a 48 horas, hablamos también del tema de la declaratoria de la Flagrancia Permanente, que tiene que ser un requisito fundamental para poder hacer arrestos y para poder hacer allanamientos sin orden judicial, y eso es lo que está aprobado en este momento”, explicó el ministro.
Las medidas planteadas contemplan cambios en los procedimientos de detención y en las condiciones para realizar determinadas actuaciones policiales, su aplicación dependerá del contenido definitivo de las reformas y de su aprobación conforme al proceso legislativo.
El alcance de estas disposiciones, particularmente las relacionadas con detenciones y allanamientos, también estará sujeto al marco legal que finalmente se establezca.
Tatuajes y edad punible, entre las nuevas propuestas
El titular de Seguridad también se refirió a otras iniciativas que Zambrano ha planteado después de su reciente visita a El Salvador, donde conoció aspectos de las políticas implementadas en ese país para combatir las estructuras criminales.
De acuerdo con Velásquez, entre los temas consultados figura la posibilidad de utilizar los tatuajes como elemento de prueba para identificar a presuntos integrantes de organizaciones criminales, así como una eventual reducción de la edad punible.
“También se hicieron consultas sobre estas nuevas iniciativas que el señor presidente del Congreso Nacional ha propuesto a raíz de su visita a El Salvador en relación con el tema del tatuaje como un medio de prueba per se para poder declarar a un miembro de una estructura criminal como asociado terrorista y también el tema de la reducción de la edad punible”, sostuvo.
Estas propuestas se encuentran diferenciadas de las disposiciones que el ministro señaló como aprobadas; por tanto, su eventual aplicación dependerá de los avances legislativos y de las condiciones que establezca la normativa correspondiente.
Velásquez insistió en que la Secretaría de Seguridad no es la promotora de estas iniciativas, sino la institución encargada de ejecutarlas si llegan a convertirse en ley.
Sector privado pide atención a los resultados contra la extorsión
En otro tema, el funcionario confirmó que la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) ha brindado apoyo y participado en reuniones para conocer los alcances de la estrategia de seguridad.
Según explicó, el acercamiento con representantes de la empresa privada permite compartir información sobre las acciones que desarrolla el Gobierno y conocer las principales preocupaciones de los sectores económicos, especialmente en materia de extorsión.
“Bueno, ya lo dijo el señor presidente, esto ha sido muy importante para todos, especialmente para ellos que no conocían en detalle el alcance de la estrategia, que también están muy interesados en monitorear aspectos como la reducción en temas puntuales, como la extorsión”, recalcó.
La participación empresarial cobra relevancia debido al impacto que este delito tiene sobre comerciantes, transportistas, pequeños negocios y otras actividades económicas, para estos sectores, la reducción de las amenazas y los cobros ilegales representa una de las principales expectativas frente a las medidas de seguridad.
La aplicación de las reformas dependerá de su aprobación
Mientras el Congreso Nacional continúa con la discusión de los cambios legales, la atención estará puesta en cuáles propuestas avanzan, bajo qué condiciones se aprueban y cómo se aplicarán en la práctica.
Las reformas planteadas buscan ampliar las herramientas legales para enfrentar el crimen, pero sus resultados deberán evaluarse a partir de su implementación y de los cambios que puedan producir en los índices delictivos, especialmente en los casos de extorsión.
Por ahora, Velásquez reiteró que la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad será ejecutar las disposiciones que finalmente sean aprobadas, mientras las autoridades mantienen el diálogo con distintos sectores para dar seguimiento a los resultados de la estrategia.
