Mejorar la identificación de vehículos en carretera fue el propósito del nuevo sistema de control vehicular. El proyecto contempló una cobertura inicial de 40 puntos de control y la entrega de las primeras placas fabricadas en Honduras a partir de noviembre.
Para los propietarios de automotores, la iniciativa también abrió una ruta para atender la mora acumulada en la entrega de placas. Para las instituciones de seguridad, incorporó herramientas destinadas a reconocer vehículos de interés mediante lectores electrónicos, tanto en retenes como en otros puntos estratégicos.
El secretario ejecutivo del Instituto de la Propiedad (IP), Luis Torres, informó que el cronograma previó para octubre la llegada de los primeros lectores móviles, junto con la capacitación del personal encargado de utilizarlos. Para noviembre, situó la llegada de los primeros equipos destinados a los puntos de control fijos y el comienzo de la entrega de placas.
Detrás de ese cambio, el proyecto incorporó la identificación por radiofrecuencia, conocida como RFID por sus siglas en inglés. Esta tecnología constituyó el enlace entre las placas, las calcomanías de identificación y los dispositivos de lectura previstos para las autoridades.
La gerente de Ventas para Latinoamérica y el Caribe de la empresa alemana Tönnjes, Lucía Mausen, explicó que el diseño de estos componentes respondió a la necesidad de dificultar alteraciones en la identidad de los automotores.
“Esta tecnología, tanto en las placas de alta seguridad y las calcomanías que van a llevar los vehículos, son productos que son hechos precisamente para prevenir falsificaciones, manipulaciones”, explicó Mausen.
La representante describió el cambio como un paso de la identificación física al procesamiento digital y electrónico de los registros vehiculares. Según su explicación, el sistema apuntó a una identificación “fehaciente y segura, inequívoca”, como apoyo para los controles en las vías públicas.
La cobertura inicial también quedó bajo revisión. Durante la segunda reunión técnica de seguimiento, celebrada en Casa de Gobierno, Asfura planteó ampliar los 40 puntos previstos, de acuerdo con las necesidades identificadas por las instituciones de seguridad. La propuesta vinculó esa posible expansión con una mayor capacidad de control territorial y prevención del delito.
Torres situó la inversión gubernamental por encima de $56 millones y explicó que una eventual ampliación de los puntos de control podría elevar ese monto.
“Desde el día uno de su gobierno, ha dicho que la seguridad ciudadana es un pilar fundamental de su gobierno”, afirmó Torres.
Asfura reiteró que el proyecto contempló la fabricación de 2.9 millones de placas hasta diciembre de 2030, además del sostenimiento del sistema. Esa cantidad correspondió a placas previstas dentro del proyecto, cuyo alcance combinó producción nacional, equipos y continuidad operativa.
Con ese calendario, el Gobierno vinculó la atención del rezago en placas con una tarea de seguridad: dotar a las autoridades de herramientas para verificar la identidad vehicular. La llegada de equipos, la capacitación y las primeras entregas quedaron como los siguientes pasos para convertir la programación en un servicio.
