El director general de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, reafirmó el compromiso de la institución con la transparencia y el respeto a la ley, y destacó que el proceso de depuración policial avanza de manera permanente, con sanciones para los miembros que incurren en faltas o delitos.
El alto oficial señaló que todo servidor público, incluidos fiscales y jueces, está obligado a actuar dentro del marco legal y que cualquier irregularidad cometida en el ejercicio del cargo tarde o temprano sale a la luz.
“Nuestros cargos están en el límite. Estamos al filo de cometer cualquier error y ser perseguidos legalmente, y eso no nos debe hacer enojar; al contrario, nos permite cuidarnos y ser respetuosos de la ley”, expresó.
Depuración permanente
Oseguera Mass explicó que en la Secretaría de Seguridad y en la Policía Nacional cada caso investigado y concluido conlleva de inmediato la sanción correspondiente.
“Estamos depurándonos día a día. Se están cancelando oficiales superiores, oficiales subalternos, mandos intermedios y policías”, afirmó, al subrayar que quien delinque o consume drogas no tiene espacio en la institución.
El director precisó que estas decisiones se toman con pleno respeto al Estado de derecho y a los recursos legales que corresponden a cada funcionario, quienes pueden impugnarlas ante los tribunales y, si les asiste el derecho, ser reintegrados.
“Somos una Policía que respeta el Estado de derecho; respetamos a los fiscales y a los jueces”, manifestó.
Llamado a los operadores de justicia
El titular policial hizo un llamado a todos los operadores de justicia a no romper la cadena de justicia, al advertir que cualquier fisura entre las instituciones afecta al país.
En ese sentido, señaló que en zonas con alta incidencia delictiva, como Guaimaca, la entrada a Copán y sectores de los departamentos de Cortés, Colón y Yoro, es necesario realizar un diagnóstico conjunto.
A su juicio, cuando un policía, un fiscal o un juez no cumple con las obligaciones que le establece la ley, los delincuentes quedan en libertad y vuelven a cometer delitos.
“Que nadie se sienta aludido en su independencia, porque la independencia la da la ley. Solo llamo a que seamos transparentes y honestos”, enfatizó.
Objetividad ante casos de tatuajes
Consultado sobre la protesta de pobladores de Orocuina por la captura de una persona con un tatuaje alusivo a una organización criminal, que, según los manifestantes, fue realizado hace 20 años en Estados Unidos, Oseguera Mass indicó que la ciudadanía tiene derecho a manifestarse y anunció que girará instrucciones a los equipos de investigación y a los peritos de vinculación para que actúen con total objetividad.
“No podemos afectar a una persona que ya no está participando en un grupo criminal. Si alguien no está incorporado a una estructura criminal, está en una iglesia o realiza labores distintas, debemos respetarlo e incluso cuidarlo, porque es una persona que está en riesgo permanente”, sostuvo.
No obstante, pidió a las comunidades no defender a criminales y advirtió que, en ocasiones, los grupos delictivos obligan a la población honrada a manifestarse.
“Con las capacidades que ahora tenemos, inmediatamente los identificamos. Si es justo, háganlo; si los están obligando, no lo hagan”, concluyó.
