El pronunciamiento de los alcaldes acompañó la posición expresada por Zambrano ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la necesidad de implementar mecanismos que permitan aplicar con mayor efectividad las medidas dirigidas contra estructuras criminales.
La construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad sumó el respaldo de la Asociación de Alcaldes Nacionalistas de Honduras, cuyos miembros apoyaron las gestiones impulsadas por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, para ampliar la capacidad penitenciaria y fortalecer las herramientas del Estado frente a la criminalidad.
Nueva cárcel avanza hacia la búsqueda de terreno y financiamiento
El respaldo ocurre después de que el Congreso Nacional aprobara una moción para impulsar la aplicación del artículo 6 del Decreto 84-2026, que autoriza gestionar recursos para construir nuevos centros penitenciarios. La iniciativa tomó nuevo impulso después de la visita de una delegación hondureña al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador.
“Tenemos que empezar a definir dónde se puede construir, cuánto puede costar, cuántos privados de libertad podrán permanecer en ese centro y cuáles son las fuentes de financiamiento”, expresó Zambrano al explicar los pasos que deberán seguir las instituciones involucradas.
El Instituto Nacional Penitenciario (INP) ya identificó entre tres y cuatro terrenos propiedad del Estado que podrían ser evaluados para levantar la infraestructura. La planificación conocida por el Legislativo establece que la primera etapa podría completarse entre ocho y diez meses después del inicio de las obras.
Mientras se define la ubicación, las autoridades preparan módulos de máxima seguridad con capacidad estimada para atender a unos 1,300 privados de libertad considerados de alta peligrosidad, según información presentada durante las reuniones de coordinación.
Alcaldías ofrecen coordinación desde los territorios
La Asociación de Alcaldes Nacionalistas manifestó su disposición de coordinar esfuerzos con la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, aprovechando la capacidad operativa de las municipalidades y su conocimiento directo de las comunidades.
El planteamiento busca que las decisiones de seguridad no se concentren únicamente en la infraestructura penitenciaria, sino que permitan articular prevención, control territorial y respuesta institucional para reducir el impacto de la delincuencia sobre las familias y las actividades económicas locales.
Zambrano sostuvo que la ampliación de la infraestructura penitenciaria responde a una limitación que ya enfrenta el país. “Se tiene que construir nuevos módulos de máxima seguridad o nuevos centros penales. Las instalaciones que tenemos de centros penales ya no dan abasto”, afirmó durante su visita al CECOT.
El proyecto deberá avanzar ahora hacia la selección del terreno, los estudios técnicos, el diseño definitivo y la identificación de los recursos. Para los alcaldes nacionalistas, la coordinación entre municipalidades, instituciones de seguridad y operadores de justicia será determinante para que las nuevas medidas se traduzcan en mayor protección y tranquilidad para la población.
