El Congreso Nacional aprobó por unanimidad de votos una reforma al Código Penal que endurece las sanciones por femicidio, amplía las circunstancias agravantes del delito y ordena la creación de órganos jurisdiccionales especializados para juzgar casos de violencia contra la mujer en Honduras.
Las modificaciones alcanzan los artículos 66, 208 y 210 de la normativa penal vigente. Con estos cambios se busca fortalecer el marco legal para combatir la violencia de género y garantizar una respuesta judicial más contundente frente a estos crímenes.
La nueva legislación mantiene las penas de entre 25 y 30 años de prisión para quienes cometan femicidio; sin embargo, cuando concurran agravantes específicas, las condenas podrán incrementarse hasta un rango de entre 30 y 40 años.
Además, la reforma incorpora nuevas circunstancias que agravan el delito, entre ellas figuran los casos precedidos por delitos sexuales, tortura, privación ilegal de libertad o el ocultamiento de una agresión sexual.
Asimismo, los legisladores incluyeron como agravante que el responsable sea un funcionario o agente estatal que utilice su cargo, autoridad, uniforme o arma de reglamento para perpetrar el crimen.
Por otra parte, cuando los delitos contra la vida ocurran en contextos de violencia de género o durante secuestros que culminen con la muerte de la víctima, la acumulación efectiva de penas podrá alcanzar hasta 60 años de cárcel.
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Crearán tribunales especializados en violencia contra la mujer
De igual manera, la reforma instruye a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a establecer juzgados especializados con competencia nacional para conocer casos de femicidio y otros delitos relacionados con la violencia contra las mujeres.
Según el decreto, la CSJ dispondrá de un plazo máximo de 90 días hábiles para emitir la normativa que regule el funcionamiento de estos tribunales y la designación del personal encargado.
Durante el debate, la diputada Ariana Banegas afirmó: “Este es el comienzo de la ruta para erradicar los femicidios, debemos igual aumentar el número de las Casas Refugio, para proteger a las mujeres que se deciden a denunciar”.
Finalmente, representantes de las distintas bancadas respaldaron la iniciativa y coincidieron en la necesidad de fortalecer las herramientas legales para proteger la vida de las hondureñas.
