Con 91 votos a favor, el Congreso Nacional aprobó un proceso de juicio político contra cuatro funcionarios electorales denunciados por sus actuaciones contra la Constitución de la República, negligencia e incompetencia en sus cargos en el marco de las Elecciones Generales en noviembre de 2025.
En ese sentido, con votos de cuatro bancadas -Partido Nacional, Liberal, Pinu y Democracia Cristiana-, se aceptaron las solicitudes de juicio político contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, el magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, y los magistrados suplentes del TJE, Lourdes Maribel Mejía y Gabriel Gutiérrez Peralta.
En la misma sesión del Legislativo, los cuatro funcionarios fueron suspendidos de sus cargos para seguir con el proceso de acuerdo a la Ley Especial de Juicio Político vigente desde 2013.
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Cabe mencionar que ante el pleno fueron presentadas cinco solicitudes; sin embargo, la Secretaría del Congreso Nacional recibió poco antes la renuncia de la consejera suplente del CNE, Karen Rodríguez, por lo que fue aceptada durante la sesión.
La solicitud de juicio político fue presentada por los diputados Sergio Figueroa Velásquez, Marco Jonathan Laínez Ordóñez y Miguel Edgardo Motiño Castellanos, con fundamento en el Artículo 205, numeral 15 de la Constitución de la República.
Comisión especial para conocer juicio político
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, nombró una comisión especial que ejecutará el proceso en contra de los cuatro funcionarios.
La comisión será presidida por la diputada Tania Pinto, Lissi Matute como vicepresidenta y Alberto Cruz como secretario. Además, formarán parte de la comisión Kilvett Bertrand, Saraí Espinal, Sara Zavala, Luz Ernestina Mejía, Arnold Burgos y Alejandra Vallecillo.
Tras su nombramiento, Pinto afirmó que se respetarán las garantías constitucionales, el debido proceso y el derecho a la defensa de los cuatro funcionarios que fueron suspendidos de sus cargos mientras dura la investigación.
Afirmó que realizará un proceso de investigación que puede durar hasta 30 días, donde se estudiarán los medios de pruebas presentados por la parte denunciante y el denunciado.
«Lo que más vamos a garantizar es que se va a tratar este juicio con objetividad, que vamos a tratar aquí, es una responsabilidad política», sostuvo.
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El pasado 25 de marzo, el Congreso Nacional destituyó al que fungía como Fiscal General de Honduras, Johel Zelaya, después de someterlo al primer juicio político. Pablo Emilio Reyes fue nombrado en el cargo de Zelaya.
