En ese sentido, las personas sometidas a este régimen deberán permanecer en celdas individuales de máxima seguridad, sin convivencia colectiva y con restricciones para circular dentro de los centros penitenciarios, cualquier salida de la celda requerirá escolta y autorización.
Además, las reformas prohíben el acceso a teléfonos, computadoras, televisores, radios y otros dispositivos que permitan comunicaciones no autorizadas.
Las autoridades también reforzarán los sistemas de interferencia de comunicaciones, incluidos los utilizados por teléfonos satelitales.
Por otra parte, las llamadas quedarán sujetas a supervisión y grabación, con un máximo de 10 minutos y una llamada al mes hacia números previamente autorizados, la correspondencia también podrá ser revisada.
Visitas y tiempo fuera de la celda
Asimismo, las visitas familiares tendrán carácter excepcional y deberán contar con autorización judicial o del Consejo Directivo del INP.
Cuando se autoricen, serán sin contacto físico, además los abogados podrán visitar a sus representados bajo vigilancia de las autoridades penitenciarias.
De igual manera, queda prohibida la visita conyugal o íntima, por otro lado el acceso al sol o al patio se limitará a una hora por semana, de forma individual o en grupos de hasta dos personas y bajo estricta vigilancia.
También habrá controles permanentes
A la vez, el régimen contempla cámaras, sensores, vigilancia continua y requisas diarias de las celdas y de las personas privadas de libertad. Las actividades educativas, laborales, religiosas, recreativas o de rehabilitación deberán programarse y autorizarse previamente.
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Según las reformas, tampoco podrán convivir con privados de libertad de otros regímenes, salvo excepciones debidamente fundamentadas.
Las audiencias del proceso penal se realizarán de forma virtual conforme a los protocolos correspondientes.
¿Qué cambios vienen en el proceso penal?
Finalmente, el paquete contempla reformas al Código Procesal Penal para eliminar las medidas sustitutivas en casos relacionados con integrantes de grupos terroristas, de modo que permanezcan en prisión mientras esperan su juicio. También plantea considerar las capturas como casos de flagrancia y establecer jueces especializados para conocer estos procesos.
El decreto entrará en vigencia formal después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, por lo que su aplicación dependerá también de las disposiciones reglamentarias correspondientes.
Durante la sesión, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, defendió la reforma como una medida de seguridad nacional y afirmó:
“Este tema no es un juego, es para darle seguridad al pueblo hondureño”.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, agradeció la aprobación y sostuvo que todavía se requieren otras medidas para enfrentar a las estructuras criminales.
Estas medidas buscan mejorar la seguridad del pueblo hondureño y protegerlos de estructuras terroristas.
