Congreso aprueba reforma energética y garantiza al Estado el control total de la ENEE
El Congreso Nacional aprueba reforma energética que garantiza al Estado control total de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Goodvin Nelson
1 de septiembre de 2026
4 min de lectura
Emilio Flores/DNH
El Congreso Nacional dio luz verde a la reforma del subsector eléctrico a través de la llamada Ley de Justicia Energética, con la que se pretende reordenar la estructura de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), hacer frente a su situación financiera y garantizar que sus activos continúen bajo control estatal.
La nueva normativa contempla que las empresas que resulten de la reorganización de la ENEE seguirán perteneciendo exclusivamente al Estado hondureño, de esta manera, el Gobierno conservará el 100 % de las acciones y la propiedad de las nuevas estructuras que se deriven del proceso.
La aprobación del proyecto se produjo tras una discusión marcada por diferencias entre las distintas fuerzas políticas, mientras el oficialismo defendió los cambios como una vía para fortalecer la empresa pública y ordenar sus finanzas, la oposición expresó cuestionamientos sobre el manejo de los activos estatales y el alcance de la reforma.
Foto: Cortesía
Estado conservará el 100 % de las acciones
Uno de los principales elementos de la reforma es la definición de la propiedad estatal sobre las empresas que se desprendan de la estructura de la ENEE.
De acuerdo con lo aprobado, el Estado de Honduras será el propietario exclusivo de esas compañías y tendrá la totalidad de sus acciones. El planteamiento busca dejar establecido en la legislación que la reorganización del sistema eléctrico no implica una transferencia de la propiedad pública a particulares.
El tema fue uno de los puntos que generó mayor discusión durante el debate legislativo, debido a las diferencias entre las bancadas sobre el alcance de las reformas y el modelo que deberá seguir el sector energético.
La nueva legislación busca atender el problema financiero que enfrenta la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, marcado por una elevada deuda y un nivel considerable de pérdidas en el sistema.
El dictamen contempla medidas para mejorar la eficiencia operativa, atraer inversión nacional y extranjera y crear condiciones para fortalecer la prestación del servicio eléctrico.
También se plantea eliminar las exoneraciones fiscales para la importación de equipos destinados a generadores térmicos y proyectos de energía renovable, con el objetivo de establecer condiciones de competencia más equilibradas entre los participantes del mercado.
Uno de los desafíos más importantes será reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, que actualmente representan alrededor del 38 % del sistema.
Subsidios y regularización de conexiones
Foto: Emilio Flores/DNH
La reforma también incorpora disposiciones dirigidas a los usuarios, entre ellas el mantenimiento de subsidios focalizados para proteger a los hogares con menores ingresos.
Otro de los puntos aprobados establece un período de tres meses para que las personas con conexiones irregulares puedan legalizar su situación.
Una vez concluido ese plazo, quienes continúen incurriendo en fraude eléctrico podrían enfrentar acciones legales por parte del Ministerio Público.
La medida pretende reducir las conexiones clandestinas y mejorar el control sobre el consumo de energía, uno de los problemas que durante años ha afectado los ingresos de la estatal.
Foto: Emilio Flores/DNHTratamiento especial para las alcaldías
El proyecto también contempla un mecanismo diferenciado para abordar las deudas que mantienen las municipalidades con la ENEE.
Las alcaldías con menores presupuestos podrán acceder a condiciones especiales para regularizar sus obligaciones, mientras que los gobiernos locales con mayores ingresos deberán establecer acuerdos directamente con la empresa estatal.
La intención es evitar que las deudas municipales se conviertan en una carga adicional para las finanzas de la ENEE.
Foto: Emilio Flores/DNH
La discusión de la Ley de Justicia Energética estuvo acompañada de fuertes diferencias políticas, la bancada oficialista defendió la reforma como una alternativa para recuperar la estatal eléctrica y aseguró que el nuevo modelo no representa una privatización.
La oposición, entretanto, cuestionó varios aspectos del dictamen y pidió garantías para evitar que los bienes y activos públicos puedan quedar comprometidos en futuras operaciones.
Con la aprobación de la reforma, el Congreso Nacional da un paso clave en la transformación del sistema eléctrico hondureño, el reto ahora será llevar las disposiciones aprobadas a la práctica y lograr que los cambios se traduzcan en una ENEE financieramente más sólida, menores pérdidas y mejores condiciones para los usuarios.
