El gobierno de Colombia, liderado por Abelardo de la Espriella, anunció que declarará estado de emergencia económica tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país el pasado lunes 10 de agosto y que dejó más de 250 fallecidos. 

La decisión surge para acelerar la reconstrucción y la reactivación de ciudades como Manizales. Pereira y Cali, entre otras. 

“Por el terremoto. También, como lo dije anteriormente, es absolutamente necesario, fundamental y determinante agilizar la reconstrucción de las zonas afectadas. Por ello, le informo al país que he decidido hacer uso de la emergencia económica, mecanismo previsto en nuestra Constitución para enfrentar esta crisis como corresponde”, mencionó el mandatario. 

 “La emergencia que propongo va a crear un fondo milagro, una entidad que va a canalizar los aportes nacionales e internacionales, que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos, que sufrieron afectaciones por el sismo”, detalló.

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De La Espriella también presentó la medida como una herramienta para impulsar la economía ante la catástrofe que dejó graves daños a la infraestructura de ese país. 

Además, afirmó que la emergencia "deberá contemplar medidas de reactivación económica que estimulen la inversión, reduzcan los obstáculos para el desarrollo de proyectos y generen más empleos”.

¿Qué es la emergencia económica? 

La declaratoria de emergencia económica se contempla en el artículo 215 de la Constitución y faculta al Ejecutivo para legislar de forma transitoria sin pasar por el Congreso.

Además, se imponen varias condiciones como que debe llevar la firma del presidente y de todos sus ministros, explicar sus motivos, delimitar el territorio de aplicación y fijar su plazo. 

Durante este período, el Ejecutivo puede: reorientar partidas presupuestarias, crear fondos, autorizar contratación directa, modificar calendarios tributarios y fijar impuestos temporales; esos tributos dejan de regir al terminar la vigencia fiscal siguiente, salvo que el Congreso decida volverlos permanentes.

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No obstante, la norma también establece prohibiciones en las que el Gobierno no puede: Desmejorar los derechos sociales de los trabajadores, suspender derechos fundamentales e interrumpir el funcionamiento de las ramas del poder.

Cada declaratoria puede durar un máximo de 30 días calendario y el uso acumulado de esa figura no puede superar 90 días en un año.
Cabe mencionar que el gobierno de Gustavo Petro aplicó esta figura, en febrero de 2026, en ocho departamentos del país y por 30 días por las emergencias causadas por las lluvias. 

Por lo tanto, este antecedente reduce el tiempo disponible de 60 días para la crisis provocada por el terremoto.