Autoridades de seguridad inspeccionan módulo de máxima seguridad en la cárcel de Támara, Honduras

Durante el recorrido por el Centro Penitenciario Nacional de Támara, autoridades del Poder Legislativo y de seguridad conocieron las nuevas instalaciones habilitadas para el confinamiento de personas vinculadas a estructuras criminales y grupos terroristas.

La visita también contó con la participación de funcionarios del sistema penitenciario y representantes de las instituciones de seguridad y justicia del país.

En estas instalaciones ya permanecen integrantes de distintas estructuras criminales, bajo un esquema de reclusión que busca impedir que continúen dirigiendo actividades delictivas desde prisión.

La aplicación de estas medidas fue constatada durante una inspección encabezada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, junto con autoridades de seguridad, Policía Nacional, del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y de las Fuerzas Armadas (FF. AA.).

El recorrido se produce tras la aprobación de reformas legales orientadas a endurecer el control sobre las organizaciones criminales y recuperar el dominio estatal de los centros penitenciarios.

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23 horas y media dentro de una celda

El nuevo régimen establece que los privados de libertad considerados de alta peligrosidad permanezcan 23 horas y media al día dentro de sus celdas.

Los 30 minutos restantes se destinan a llevar a cabo ejercicios físicos y estiramientos.

También se contempla una hora de exposición al sol por semana y un sistema de comunicación con abogados mediante un vidrio blindado y teléfonos controlados.

Las restricciones incluyen la prohibición de visitas familiares y conyugales, así como el ingreso de alimentos y dinero desde el exterior.

Durante la inspección, Tomás Zambrano aseguró que estas condiciones ya se están aplicando.

“Esto no es juego, esto no es show, esto no es únicamente un mensaje”, expresó el presidente del Legislativo.

El funcionario sostuvo que el propósito es impedir que los reclusos mantengan el control de sus estructuras criminales desde prisión.

Para el ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, uno de los principales problemas que buscan combatir es la capacidad de las organizaciones criminales para continuar operando desde los centros penitenciarios.

El funcionario recordó que desde las cárceles se han emitido instrucciones para cometer extorsiones, asesinatos y otros delitos en las comunidades.

“Desde las propias cárceles emitían órdenes para que sus compinches las ejecutaran afuera”, manifestó.

Velásquez destacó que ahora existe una estrategia conjunta entre las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.

“Nunca, como hoy, todos los componentes del sistema nos estamos articulando, estamos trabajando de manera conjunta y con una misma estrategia”, afirmó.

La advertencia de la Policía: "Vienen cosas muy fuertes"

El director general de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, confirmó que más de 110 personas detenidas ya se encontraban en los módulos de máxima seguridad de Támara.

Además, indicó que otros traslados estaban previstos como parte de las acciones contra las estructuras criminales.

Durante su intervención, lanzó una advertencia a quienes todavía integran estas organizaciones.

“Observen lo que les va a pasar aquí”, expresó.

Oseguera también se refirió a las comunidades afectadas por las pandillas y el narcotráfico.

Según explicó, los habitantes de barrios y colonias esperan recuperar la tranquilidad y dejar de vivir bajo amenazas.

“Nos piden que quieran que sean liberados de ese yugo de la criminalidad, de ese yugo de las pandillas”, señaló.

El jefe policial adelantó que las operaciones continuarán y que las próximas medidas serán más contundentes.

“Lo que viene todavía no es nada con lo que viene en el futuro. Vienen cosas muy fuertes”, advirtió.

El reto de recuperar el control penitenciario

Por su parte, el director del Instituto Nacional Penitenciario, Walter Amador Lacayo, reconoció que recuperar el dominio de las cárceles requiere un proceso que no puede completarse de inmediato.

Durante la inspección, informó que los dos edificios visitados tienen capacidad para albergar a 212 privados de libertad.

De ese total, 89 personas identificadas por las autoridades como integrantes de estructuras terroristas ya permanecían en esas instalaciones.

Lacayo reconoció que el sistema arrastra problemas de administraciones anteriores.

Sin embargo, aseguró que existe un esfuerzo institucional para recuperar los espacios y fortalecer la disciplina.

“Es un proceso. Hay muchas situaciones heredadas. Nada es de la noche a la mañana”, manifestó.

También destacó la coordinación entre las instituciones como una de las claves para avanzar en la recuperación de los centros penitenciarios.

“Aquí no hay vuelta atrás en este sentido”, aseguró.

La inspección en Támara representa una de las demostraciones públicas del nuevo esquema de máxima seguridad que las autoridades pretenden extender en el sistema penitenciario hondureño.

El desafío no se limita a mantener a los reclusos bajo mayores restricciones.

También implica impedir que las estructuras criminales sigan operando desde prisión, recuperar el control de los centros penales y garantizar que las medidas se apliquen conforme a la ley.

Por ahora, el mensaje de las autoridades es de endurecimiento. Los resultados de esta estrategia tendrán que reflejarse en la reducción de la criminalidad y en la recuperación de la tranquilidad de las comunidades hondureñas.

Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas (y el fortalecimiento del sistema penitenciario en Honduras) tiene como objetivo principal investigar, perseguir, juzgar y sancionar con mayor dureza a estas estructuras criminales, además de neutralizar su control territorial.