El Ministerio Público ejecutó todos los análisis y aseguramientos de bienes que fueron presentados como promesa por la defensa del gerente de Koriun Inversiones, Iván Abad Velásquez, tras el cambio de prisión preventiva otorgado por un juez.
En ese sentido, la Fiscalía a través de un comunicado informó que con el apoyo de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) se efectuó cuatro allanamientos de morada y privación de dominio de bienes de origen ilícito en el caso de Koriun Inversiones.
Según las líneas de investigación los inmuebles ubicados en Choloma y San Manuel, Cortés, fueron presentados como parte de la fianza de 25 millones de lempiras tras el cambio de, sin embargo los bienes están inscritos a nombre de terceras personas.
El MP detalló que algunas de las viviendas están a nombre de la esposa de Iván Abad, Kefi Gavarrete, quien también es señalada por el delito de lavado de activos, y de otras personas.
De igual forma, la Fiscalía indicó que los inmuebles fueron valuados en 15 millones de lempiras, sin embargo, la investigación detectó que ese no es el valor real de las viviendas, que están ubicadas en zonas de baja plusvalía y sin mejoras.
Además, se procedió al aseguramiento de vehículos sobre los que ya tuvieron solicitudes de aseguramiento.
En el caso de Koriun Inversiones guardan prisión Iván Abad Velásquez, su esposa, Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, Marco Abel Villeda Galdámez, Gustavo Flores Carbajal y Juan Carlos García Ríos, por los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir.
El pasado 31 de marzo se conoció que el juez Francisco Álvarez, tras la audiencia de revisión de Velásquez, cambió las medidas a su favor.
Caso de Koriun Inversiones
De acuerdo a las investigaciones, Koriun Inversiones era una empresa fachada que era utilizada para estar a millas de personar de distintas regiones de Honduras, especialmente de Choloma, mediante el esquema de fraude piramidal.
Los fraudes cometidos se destaparon a finales de abril de 2025, cuando se constató que no era ninguna financiera como le habían hecho creer a los inversionistas.
Loas afectadas en el caso mantienen constantes protestas para reclamar la recuperación de su dinero, además de la liberación de Iván Velásquez.
