Tegucigalpa, Honduras (18.06.2024).- La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, anunció las acciones tomadas por parte de ese Poder del Estado las cuales forman parte del Plan de Solución contra el Crimen, presentado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
En ese sentido, autorizó el nombramiento de cuatro jueces con Competencia Territorial Nacional, junto a su personal auxiliar, quienes conocerán de las operaciones de recuperación y control de las zonas de mayor incidencia en los delitos de criminalidad organizada, extorsión, asesinatos y otras acciones delictivas conexas, mismos que estarán estratégicamente ubicados en el territorio nacional.
Manifestó que: «Estos funcionarios judiciales mantendrán una actividad de trabajo coordinada y permanente con el personal de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Policía Militar del Orden Público (PMOP), para las operaciones de recuperación y control de las zonas de mayor incidencia de estos crímenes».
“Este equipo de jueces serán garantes de estas acciones y, conocerán de las causas que sean sometidas a su conocimiento”, expresó Ráquel Obando.
Jueces para delitos ambientales
De igual manera, informó que, ya han sido nombrados y se encuentran en posesión de sus cargos, tres jueces con Competencia Territorial Nacional para el conocimiento de los delitos contra el medioambiente, bienestar animal, delitos urbanísticos y delitos contra el patrimonio cultural; quienes desempeñarán sus funciones en las ciudades de La Ceiba, Atlántida; Juticalpa, Olancho y en Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios; mismos que se suman a los demás jueces en el Circuito de Criminalidad Organizada para el juzgamiento de estos delitos, con lo que se abarca el largo y ancho del territorio nacional.
“En total, son siete nuevos jueces que se han nombrado para el cumplimiento de los compromisos asumidos en el seno del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, asumiendo nuestra responsabilidad constitucional que nos corresponde como Poder Judicial”, indicó.
Siguió que: “Muestra de este compromiso, hemos iniciado las acciones correspondientes a fin de regular el uso del brazalete electrónico u otros medios técnicos para la custodia de procesados sujetos a medidas impuestas por jueces y tribunales de justicia del país, que puedan sustituir los altos costos de vigilancia permanente ejercida por la Policía Nacional”.
“Seguiremos comprometidos en este esfuerzo conjunto con una clara determinación de mejorar constantemente y adaptar nuestros sistemas y acciones a las necesidades cambiantes de la sociedad”, indicó la abogada.
“Agradecemos la buena disposición al trabajo coordinado y organizado con las demás instituciones del sector justicia, ya que solo de esta manera podremos dar resultados contundentes y radicales en favor de sociedad en general”, finalizó.
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