Tegucigalpa, Honduras (13.02.2025).- La supervisora general del Poder Judicial (PJ), Sandra Rodríguez, presentó el informe sobre la intervención al Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente, ordenada el 18 de agosto de 2024.
El documento fue entregado a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando.
Según Rodríguez, se revisaron 1,068 expedientes, de los cuales 701 estaban activos al momento de la unificación de los órganos competentes. De estos, 598 corresponden a requerimientos fiscales y 103 a diligencias previas.
Irregularidades detectadas y acciones a tomar
Entre los principales hallazgos, la Supervisión General identificó 12 casos en los que se otorgaron medidas cautelares contrarias a la reforma procesal vigente, lo que podría implicar a igual número de funcionarios judiciales en acciones u omisiones.
Asimismo, se detectaron irregularidades en la garantía hipotecaria otorgada en ciertos casos, constatando que no fueron inscritas a favor del Estado de Honduras.
Otra de las anomalías encontradas fue el retardo injustificado en la remisión de recursos a la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional, así como el señalamiento tardío de audiencias preliminares, lo que ha puesto en riesgo la liberación de imputados debido al vencimiento de la prisión preventiva.
Recomendaciones y cambios en el juzgado
Tras estos hallazgos, se emitieron 19 recomendaciones dirigidas a evitar la repetición de estas prácticas y mejorar la gestión judicial. Además, se presentaron 17 puntos de especial atención a la magistrada presidenta de la CSJ.
Como parte de las medidas correctivas, se nombró un nuevo coordinador del circuito anticorrupción, quien ya asumió funciones, y se recomendó la rotación del personal y la redistribución de las cargas laborales en los cinco despachos de esta sede judicial.
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