Tegucigalpa, Honduras (12.01.2025).- El gerente de Coordinación Técnica de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Christhian Sanabria reaccionó a través de su cuenta de X, sobre la medida de arresto domiciliario para Romeo Vásquez y dos generales más en condición de retiro, dictada por un juez en el caso por el crimen de Isy Obed Murillo.
«La oligarquía puja con fuerza por sostener en Honduras el Estado Burgués desde los 2 poderes constituidos donde tienen incidencia (Legislativo y Judicial). Desde el Legislativo están atrincherados bloqueando la Ley de Justicia Tributaria para que las élites no paguen impuestos y en el Judicial bloqueando que la justicia les llegue finalmente a los ricos y poderosos de este país que han cometido toda clase de delitos», sentenció.
Asimismo, hizo un recordatorio a la militancia del Partido Libertad y Refundación (Libre) y la resistencia a mantenerse unidos para combatir al Estado Burgués instalado en nuestro país.
«Nuestro deber militante para este 2025 es estar más unidos que nunca para exterminar el Estado Burgués enquistado por las vías democráticas y profundizar la construcción del Estado Socialista y Democrático para avanzar como sociedad y alcanzar una verdadera justicia en todos los aspectos (social, tributaria, etc…)», finalizó.
Cabe mencionar que, este domingo el Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH), logró un auto de formal procesamiento contra los señores Romeo Orlando Vásquez Velásquez, exjefe del Estado Mayor Conjunto; el exsubjefe, Venancio Cervantes Suazo; y Carlos Roberto Puerto Fúnez, excomandante del Comando de Operaciones Especiales, acusados por el homicidio de Isy Obed Murillo Mencías y del delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de Alex Roberto Zavala Licona.
El Juez de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, determinó establecer la medida cautelar de arresto domiciliario. No obstante el Ministerio Público presentará los recursos de apelación dentro del plazo establecido por la ley, en virtud que la normativa procesal en este tipo de delitos no permite una medida distinta a la prisión preventiva.
Según las investigaciones, Isy Obed Murillo Mencías perdió la vida tras recibir un proyectil de arma de fuego en la cabeza, mientras que el ciudadano Alex Roberto Zavala Licona sufrió graves lesiones a consecuencia de los disparos realizados por elementos de las Fuerzas Armadas. Ambos ciudadanos permanecían en los alrededores del Aeropuerto Internacional Toncontín a la espera del retorno al país del entonces presidente constitucional, José Manuel Zelaya Rosales.
Para el MP, las actuaciones de los militares fueron brutalmente desproporcionadas, ya que dispararon de manera indiscriminada con fusiles de alto poder y grueso calibre (M16) contra ciudadanos que ejercían su derecho a manifestarse pacíficamente. Dichas acciones, que resultaron en muertes y graves lesiones, no fueron actos aislados, sino crímenes ejecutados por elementos de las Fuerzas Armadas bajo órdenes directas del jefe del Estado Mayor Conjunto, el subjefe y el director de Operaciones Especiales.
La acusación establece que los altos mandos del Estado Mayor Conjunto, responsables directos de comandar y planificar el operativo, no solo incumplieron su deber de supervisar y controlar a sus subordinados, sino que, con pleno conocimiento de los hechos, permitieron y facilitaron estas atrocidades. Su negligencia e inacción configuraron graves violaciones a los derechos humanos, dejando a los manifestantes a merced de una fuerza militar que actuó con una violencia inhumana y desmedida.
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