Tegucigalpa, Honduras (10.04.2024).- La exsecretaria de Finanzas, Rixi Moncada, expuso este miércoles durante el “Conversatorio las Amenazas a la Democracia”, las causas que provocaron el golpe de Estado en Honduras.
Asimismo, señaló que esos detonantes únicamente fueron dos: el primero es el combate contra la corrupción legalizada y el segundo la lucha por la participación ciudadana.
Moncada apuntó que desde una perspectiva política: “Lo que provocó realmente el golpe, fue justamente la lucha contra la corrupción, la lucha contra la impunidad y la lucha por la participación ciudadana a través de las consultas populares”.
Recordó que el Gobierno del Poder Ciudadano inició su gestión en 2006, haciendo el cambio de la fórmula de combustibles, una fórmula llena de algoritmos que nadie conoce pero que se nos dice que tenemos que pagar tanto en la bomba de la gasolinera cada vez que vamos cargar combustible.
“Se desmenuzó la fórmula después de un proceso y se cambió la fórmula por la vía de un decreto ejecutivo en consejo de ministros y eso enfureció a las élites porque el impacto era un impacto económico a los bolsillos de una parte de los grupos de poder de los dueños del capital en este país, esa revisión de fórmula implicó tres lempiras menos del costo del galón del combustible, esa revisión de fórmula llevó a una licitación internacional torpedeada por los sectores pudientes de este país, esa revisión de fórmula que por supuesto tenía un impacto en el sector energía, toda vez que la energía era en su mayor parte térmica y tenía un impacto directo en el tema también de los combustibles, esa revisión de fórmula llevó al Gobierno a los tribunales desde el año 2006 y por supuesto los tribunales en el marco de las redes de corrupción público privada con los jueces responsables de prevaricar con los fiscales responsables también de prevaricar y de cohecho de acciones propias de una red”, añadió.
Explicó que en ese entonces al unísono condenaron la acción del Gobierno, negándole el acceso a los tanques para la importación del combustible y llevar adelante el cambio de la fórmula.
A la vez enfatizó que el otro tema que enfureció a una minoría fue el planteamiento de las consultas populares a la luz de la ley de participación ciudadana aprobada 27 de enero de 2006.
Afirmó que ante la iniciativa se levantaron muchos cuestionamientos como ser el tipo de consulta popular que se iba a hacer, la razón por la que se iba a activar al pueblo y aseveraron que lo que se quería era una reelección para quedarse en el poder.
“Esos son los dos temas que provocaron fundamentalmente esta tragedia con las consecuencias que todos conocemos, combatimos desde el Gobierno del Poder Ciudadano con transparencia y se aprobó en este Gobierno la ley de acceso a la información pública y se crearon todas las oficialías de transparencia en cada una de las instituciones del Estado, precisamente para que la gente tuviera acceso, para que la gente tuviera conocimiento sobre las acciones públicas, sobre las contrataciones, las concesiones que el Estado en aquel momento estaba facilitando”, dijo.
La extitular de Sefin, resaltó que ha combatido la corrupción en todas sus presentaciones, durante toda la vida pública.
“Hemos combatido la corrupción desde la judicatura y hemos combatido las redes de corrupción de la desde la judicatura penal, desde luego, hemos combatido la corrupción desde el Ministerio público también las redes de corrupción público privada porque tiene contrapartes”, expresó al tiempo que dijo: “En este país hay una intervención fuerte mediática y nos hacen tener memoria corta sobre tantos actos de corrupción que se vinieron denunciando desde siempre, que se vinieron investigando desde siempre y que finalmente terminaron por el ejercicio del poder desde los grupos fácticos”.
Resaltó que a partir del golpe de Estado esos casos terminaron siempre en la impunidad de los cuales son 236 concesiones
en el sector de minería que están vigentes a partir del golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
“Oro, plata, zinc, plomo, cobre, hierro, arena y grava, 28 mil hectáreas de río están otorgadas en concesión a 92 beneficiarios, los ingresos y las utilidades solo en las concesiones de la arena y de la grava son reportadas por más de mil millones por año, por lo menos 20 millones de lempiras de utilidades”, indicó.
Lo anterior, subrayó Moncada, ese es el resultado de la captura y captación del Estado después del fatídico golpe de Estado.
“172 contratos de energía fueron otorgados en el Congreso de manera directa, pero la empresa de energía eléctrica la quebraron, la privatizaron, la entregaron en pedazos y además subieron la factura de forma sin misericordia para todos los abonados, hay decisiones importantes alrededor de estos dos sectores, combustible y energía, que tienen impacto directo en el bolsillo de la gente”, señaló.
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