Tegucigalpa, Honduras (01.04.2025).- El Ministerio Público (MP) a través de la Unidad Especializada Contra los Delitos Electorales (UECDE) presentó en las últimas horas un requerimiento fiscal por la contratación fraudulenta para el transporte de material electoral, mediante el cual se defraudó al pueblo hondureño por L.64,789,021.78, situación que puso en riesgo el proceso democrático del 9 de marzo.
Se acusa a Joel Ramos García, excoordinador del Proyecto Transporte del Consejo Nacional Electoral (CNE), y a Raúl Amílcar Rivera Montoya, Dennis Emilio Hércules Rosa, Juan Carlos Canales Lobo y José Martín Pastrana Sánchez, miembros de la Comisión Evaluadora, por suponerlos responsables de los delitos de fraude, violación de los deberes de los funcionarios públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
Además, se acusa por fraude a Carlos Salomón Fonseca Robles, representante legal de la empresa Ingeniería Logística y Transporte S. de R.L.de C.V.
Las investigaciones revelan que el excoordinador del Proyecto Transporte y la Comisión Evaluadora del CNE incumplieron sus obligaciones al recomendar la contratación de una empresa sin flota vehicular registrada, idoneidad ni capacidad técnica para el transporte seguro del material electoral.
La empresa beneficiada, Ingeniería, Logística y Transporte S.de RL de CV, representada por Carlos Salomón Fonseca Robles, recibió un contrato por L. 64,789,021.78 excediendo en más de 21 millones el presupuesto asignado para ese proyecto.
El contrato se firmó el 7 de marzo de 2025, dos días antes de las elecciones. Asimismo, la Comisión Evaluadora, pese a los incumplimientos establecidos en los Pliegos de Condiciones, no declaró fracasado el proceso ni aplicó las sanciones correspondientes.
Evidenciando así posibles acciones colusorias entre los funcionarios y el contratista. Además, se
constató que el uso de buses para el traslado de material electoral no estaba contemplado en los pliegos de condiciones, por tanto, nunca se debió utilizar vehículos de transporte de pasajeros.
Cabe destacar que, en el informe de la Comisión Evaluadora, en el apartado de la verificación técnica, los imputados afirmaron que se cumplieron con la inspección física y mecánica de los vehículos requeridos, así como que se contaba con la disponibilidad inmediata de los camiones pesados y livianos por parte de la empresa contratada, pese a que según registros de la Unidad de Inteligencia Patrimonial (UIP) solo contaba con diez cabezales y dos camiones, entre otros.
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