Tegucigalpa, Honduras (05.01.2025).- Tras la captura del exjefe del Estado Mayor Conjunto (EMC), Romeo Orlando Vásquez Velásquez y dos exoficiales, el canciller Enrique Reina, recordó que la violación a los derechos humanos son un acto criminal e imprescriptible, según los convenios internacionales suscritos por el Estado de Honduras.
Las declaraciones de Reina se suscitan luego de confirmarse la captura del exjefe del Estado Mayor Conjunto (EMC), Romeo Orlando Vásquez Velásquez, y dos exoficiales.
A estas personas se les supone responsables de los delitos de homicidio y lesiones graves contra los ciudadanos Isy Obed Murillo Mencías y Alex Roberto Zavala Licona.
El canciller confirmó que, Honduras está obligada a cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
«La @CorteIDH determinó en el caso López-Lone que el “Golpe de Estado” fue un “ilícito internacional”. Honduras está obligada a cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de DDHH. El golpe fue condenado por el mundo entero y los actos que se derivan de él fueron una violación flagrante a la Constitución. Sus hechos no deben quedar impunes y más aún las violaciones a DDHH que se derivan de esas acciones ilícitas», puntualizó.
Asimismo, el funcionario dijo que: «El caso de Isy Obed Murillo marca el asesinato cobarde de un joven mártir en defensa se la Democracia nacional, que fue presenciado por cámaras del mundo entero y por miles de personas que acudían a una marcha pacífica que buscaba recibir al Presidente@manuelzr
el domingo 5 de julio de 2009».
«La manifestación fue recibida con disparos a bala viva, lo que se trató de ocultar en medios de comunicación, llegando a publicar fotos retocadas. La búsqueda de justicia es un DDHH. No es persecución política. El caso fue denunciado en la @CIDH y por muchas organizaciones nacionales e internacionales de DDHH», agregó.
Requerimiento fiscal
El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH), presentó un requerimiento fiscal contra el exjefe del EMC, Romeo Orlando Vásquez Velásquez, y al exsubjefe, Venancio Cervantes Suazo y Carlos Roberto Puerto Fúnez, excomandante del Comando de Operaciones Especiales.
A estas personas se les supone responsables de los delitos de homicidio y lesiones graves contra los ciudadanos Isy Obed Murillo Mencías y Alex Roberto Zavala Licona, simpatizantes que permanecían en los alrededores del Aeropuerto Internacional Toncontín a la espera del retorno al país del entonces presidente constitucional, José Manuel Zelaya Rosales.
El joven Isy Obed Murillo Mencías, perdió la vida tras recibir un proyectil de arma de fuego en la cabeza mientras participaba en una manifestación pacífica en las inmediaciones del aeropuerto, mientras que el ciudadano Alex Roberto Zavala Licona sufrió graves lesiones a consecuencia de los disparos realizados por elementos de las Fuerzas Armadas (FF. AA.).
Investigaciones del caso
De acuerdo con las investigaciones del MP, las actuaciones de los militares fueron brutalmente desproporcionadas, ya que dispararon de manera indiscriminada con fusiles de alto poder y grueso calibre (M16) contra ciudadanos que ejercían su derecho a manifestarse pacíficamente.
Dichas acciones, que resultaron en muertes y graves lesiones, no fueron actos aislados, sino crímenes ejecutados por elementos de la institución castrense bajo órdenes directas del jefe del Estado Mayor Conjunto, el subjefe y el director de Operaciones Especiales.
Según el requerimiento fiscal, los altos mandos del Estado Mayor Conjunto, responsables directos de comandar y planificar el operativo, no solo incumplieron su deber de supervisar y controlar a sus subordinados, sino que, con pleno conocimiento de los hechos, permitieron y facilitaron estas atrocidades.
Su negligencia e inacción configuraron graves violaciones a los derechos humanos, dejando a los manifestantes a merced de una fuerza militar que actuó con una violencia inhumana y desmedida.
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