Tegucigalpa, Honduras (24.03.2025).- El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Enrique Barrios, defendió la creación de la Comisión Especial del Congreso Nacional que investigará las irregularidades en las elecciones primarias del 9 de marzo.
Según el legislador, quienes cuestionan la legalidad de esta comisión desconocen la Constitución de la República, la cual otorga al Congreso la facultad de fiscalizar los procesos democráticos del país.
«Esta comisión es legítima, porque la Constitución es el producto de una Asamblea Nacional Constituyente conformada por el pueblo soberano. Bajo esa legitimidad, el presidente del Congreso Nacional ha nombrado esta comisión multipartidaria, en la que están representadas todas las bancadas y partidos políticos», explicó Barrios.
El diputado señaló que, la finalidad de la comisión no solo es esclarecer lo sucedido el 9 de marzo, sino también evitar que estos hechos se repitan en las elecciones generales de noviembre.
Subrayó que el Congreso, como primer poder del Estado, tiene la responsabilidad de garantizar que los hondureños puedan ejercer su derecho al voto sin contratiempos.
Además, Barrios recordó que, el Congreso aprobó 2,000 millones de lempiras para financiar el proceso electoral y que fue este poder del Estado quien eligió a los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Por lo tanto, afirmó que tienen la autoridad y el deber de investigar cualquier irregularidad en los comicios.
«Nosotros en el Congreso aprobamos los fondos con los impuestos de los ciudadanos y elegimos a los consejeros del CNE. Por supuesto que estamos legitimados por la Constitución para darle respuestas al pueblo hondureño, especialmente a aquellos que no pudieron votar o que tuvieron que esperar horas el 9 de marzo», enfatizó.
El diputado también destacó la importancia de respetar las instituciones, como el CNE y las Fuerzas Armadas, que tienen rango constitucional y desempeñan un papel clave en la democracia del país.
Barrios adelantó que, la fase ejecutiva de la comisión comenzará el 9 de abril, una vez que el CNE finalice el procesamiento de actas. El objetivo final, dijo, es asegurar que el 30 de noviembre las elecciones generales se desarrollen con normalidad y transparencia.
«No es un favor que nos hace la institucionalidad, es nuestro derecho. El día de las elecciones, desde la primera hora, deben estar listas las urnas para que los ciudadanos puedan votar sin impedimentos. Nuestra tarea es garantizarlo», concluyó.
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