Tegucigalpa, Honduras (17.01.2025).- El Ministerio Público (MP) a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra las Redes de Corrupción (UFERCO), presentó el caso de corrupción «Helios», mediante el cual exempleados de Casa Presidencial, Instituto de la Propiedad (IP) y particulares, presuntamente diseñaron un esquema fraudulento para desviar más de 143 millones de lempiras (L).
Los acusados desviaron L143,638,214.48 de las finanzas públicas entre los años 2016 y 2017, durante la presidencia de Juan Orlando Hernández.
El MP acusa a 15 personas, entre ellos el exfuncionario de Casa Presidencial: José Octavio Godoy Urbina (actual diputado del Parlamento Centroamericano), y se ha dado captura a los señores Harvis Edulfo Herrera Carballo y Óscar Alberto López Escalante a quienes se les acusa por los delitos que van desde fraude hasta lavado de activos.
Según las investigaciones, José Octavio Godoy Urbina, aprovechando su influencia como funcionario cercano al expresidente Hernández, reclutó personal de confianza que trabajaba en Casa Presidencial, el IP y a particulares, con el propósito de crear empresas de maletín relacionadas con el rubro de la publicidad y las comunicaciones.
Estas empresas fueron constituidas específicamente para actividades ilícitas, permitiendo el desvío de fondos de Casa Presidencial mediante la emisión de 144 cheques a nombre de dichas sociedades mercantiles, los cuales fueron depositados en cinco cuentas bancarias pertenecientes a las mismas empresas.
Posteriormente, los fondos depositados en las cuentas de las empresas de maletín fueron retirados a través de cheques emitidos a nombre de los acusados, quienes los cambiaron en efectivo.
Con el dinero en su poder, algunos de los imputados obtuvieron beneficio económico y además realizaron depósitos fragmentados en cuentas bancarias de personas naturales y jurídicas sin justificación alguna, utilizando un listado proporcionado previamente por la exministra de Comunicaciones y Estrategia, Hilda Rosario Hernández Alvarado.
Aseguramientos
Además, se declaró con lugar la solicitud del MP de asegurar nueve sociedades mercantiles, una organización no gubernamental, cinco inmuebles, un vehículo y los saldos de producto financiero de 12 personas naturales y tres jurídicas.
Para llevar a cabo la investigación, el MP contó con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cuya colaboración fue fundamental para recolectar y analizar información clave para este caso.
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