En conjunto con varias entidades, como la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor (FEPCAM), la Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas (UTESTCTP), y la Unidad de Microtráfico, los fiscales realizaron inspecciones en bares, centros nocturnos, restaurantes, discotecas y hoteles de la capital.
Estas acciones se enfocaron en detectar delitos relacionados con la trata de personas, explotación sexual, violaciones, venta ilegal de alcohol a menores de edad, entre otros.
Durante el operativo, se hicieron llamados de atención a padres que fueron encontrados acompañados de sus hijos en establecimientos destinados a adultos, y los dueños de estos negocios fueron citados por violar la ley.
Además, se inspeccionaron vehículos en las calles y se registraron personas para verificar delitos relacionados con la portación ilegal de armas y el tráfico de drogas.
El operativo también incluyó la destrucción de alimentos y bebidas vencidos que se estaban vendiendo en un restaurante, lo que representaba un riesgo para la salud de los consumidores.
El Ministerio Público contó con el apoyo de diversas instituciones, como la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa), la Dirección de Protección al Consumidor, las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), lo que refuerza su compromiso en la protección de los grupos vulnerables.
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