Tegucigalpa, Honduras (14.10.2024).- El Ministerio Público (MP), presentó un nuevo requerimiento fiscal contra exfuncionarios de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), entre ellos su extitular, Gabriel Rubí, y representantes legales de empresas de fachada.
A estos se les acusa de aprovecharse durante la pandemia COVID-19 en el 2020, comprando productos sobrevalorados como percoladoras y otros artículos, los cuales no eran esenciales para hacerle frente a la emergencia sanitaria en Honduras.
El decreto ejecutivo PCM 005-2020 le daba la potestad a Copeco y a otras instituciones para gestionar recursos. Sin embargo, en lugar de garantizar la compra de insumos médicos prioritarios, realizaron adquisiciones directas de productos sobrevalorados para lo cual se confabularon con supuestos representantes legales de empresas de fachada y con ello adquirir percoladoras, lavadoras, secadoras, televisores, camas y otros artículos, condenando así a la muerte a cientos de hondureños.
Las personas señaladas por estas presuntas irregularidades son: extitular de Copeco, Gabriel Alfredo Rubí Paredes; exjefe de compras, Gilberto Estévez Martínez y el exdirector administrativo-financiero, Cristian Ellas Santeli Chavarria, por suponerlos responsables de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
Además, se acusa a Odalis Jazmín Martínez Maldonado por fraude y usurpación de funciones públicas.
Y a Junior Alexander Benítez Gonzáles, Pedro Antonio Nuñez y Mireya Patricia Paz Barahona por fraude.
Según las investigaciones, el esquema de corrupción consistía en que algunos imputados simulaban ser funcionarios de Copeco, con la finalidad de aparentar negociaciones lícitas con una empresa distribuidora de productos y dentro de esa misma trama para ocultar las irregularidades solicitaban que las ventas se facturaran a nombre de empresas de fachada, las cuales compraron los productos con una facturación inicial a los siete millones de lempiras (L) y, Copeco, en confabulación con esas mismas empresas sobrevaloraron esos mismos productos, adquiriéndolos por un precio superior a los L12 millones.
La diferencia es de más de cinco millones de lempiras del gasto real al pago que realizó Copeco a estas empresas.
Esta supuesta red de corrupción estructurada en esta institución operó aprovechándose de la crisis que estaba atravesando la población hondureña.
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