Tegucigalpa, Honduras.- La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) solicitó a un juez de privación del dominio de bienes de origen ilícito la inscripción de la medida de aseguramiento sobre 353 propiedades, negocios, vehículos, equipo pesado y productos financieros.
Los cuales pertenecen a cuatro personas a las que esta semana la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional le favoreció con un fallo absolutorio por el delito de lavado de activos.
El juicio en esta causa duró un mes aproximadamente y en el mismo el Ministerio Público estableció que estas personas habrían utilizado sus empresas en los rubros de maquinaria pesada, minería y venta de derivados del petróleo para actividades del crimen organizado.
Dichos pertenecían a Rigoberto Benítez Guerra, Amanda Edith Palma Barnica, Rigoberto Benítez Palma, Glenda Argentina Benítez y Héctor Maximiliano Benítez, siendo el narcotráfico la conducta precedente al lavado de dinero, con vinculaciones con Jorge Alberto Barralaga Hernández, José Orlando Leiva Natarén y Digna Valle Valle.
No obstante, toda la argumentación del equipo fiscal la obvió el tribunal sentenciador y se han vuelto a otorgar erradamente cartas de libertad con base a las polémicas reformas aprobadas el año anterior.
Como se recordará, la Operación Arcano, a cargo de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), se ejecutó el 25 de noviembre de 2019 en los departamentos de Cortés y Copán.
Donde se efectuaron ocho allanamientos de morada, siete inspecciones a negocios y 353 aseguramientos de bienes muebles e inmuebles.
Los hechos datan de julio de 2014, cuando la DLCN recibió denuncias sobre la existencia de una empresa denominada INCOBE, cuyo propietario Rigoberto Benítez Guerra, tuvo un crecimiento económico sin justificación con supuesta procedencia de actividades vinculadas al narcotráfico.
