Tegucigalpa, Honduras (24.04.2025).- La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) presenta varios requerimientos fiscales en distintos casos contra ciudadanos que cometieron un perjuicio al Estado de Honduras, reafirmando el compromiso del
Ministerio Público (MP) en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.
Hondutel
Se presenta requerimiento fiscal con orden de captura contra ocho personas (ya fueron capturados Susan Tatiana Aguilar Fortín, Héctor Emilio Mejía Rivera y María Débora Guevara) por defraudar por más L 64.6 millones a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
Según las investigaciones, este esquema de fraude y lavado de activos fue ejecutado en 2011 por exfuncionarios de Hondutel, en colusión con representantes legales de empresas extranjeras.
Los involucrados habrían manipulado los contratos de llamadas internacionales en modalidad prepago, haciendo que las empresas pagaran menos de lo que realmente debían. Para lograrlo, alteraron los registros de cobro y reportaron cifras más bajas que las pactadas. A cambio recibieron pagos millonarios mediante transferencias bancarias a nombre de sus familiares.
PGR
También se acusa a Óscar Andrés Pineda Suazo, excoordinador del Área Civil de la Procuraduría General de la República (PGR) por delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Se le señala de haber utilizado, después de haber cesado en su cargo y en su condición de demandante, información que había sido solicitada por él durante su gestión en la PGR.
Municipalidad de Gracias, Lempira
Además, se imputa a Fredy Omar Aragón Zacapa, exgerente de la municipalidad de Gracias, Lempira, por falsificación de documentos y anticipación de funciones públicas, ya que para ejercer dicho cargo, falsificó tanto el título de educación media de Bachiller en Administración de Empresas como el título universitario de Licenciado en Administración de Empresas.
RNP
Por último, se presentó requerimiento contra Erika Iveth García Laboriel, quien ostentaba el cargo de Técnico Registral 4.3 del Registro Nacional de las Personas (RNP) y estaba adscrita al Registro Civil de Trujillo, Colón. Se le acusa de falsificación de documento público, ya que modificó de manera indebida la fecha de inscripción de defunción de un ciudadano.
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