Tegucigalpa, Honduras (05.01.2025).- El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH), presentó un requerimiento fiscal contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto (EMC), Romeo Orlando Vásquez Velásquez, y dos exoficiales.
El requerimiento también involucra al exsubjefe del EMC, Venancio Cervantes Suazo y Carlos Roberto Puerto Fúnez, excomandante del Comando de Operaciones Especiales.
A estas personas se les supone responsables de los delitos de homicidio y lesiones graves contra los ciudadanos Isy Obed Murillo Mencías y Alex Roberto Zavala Licona, simpatizantes que permanecían en los alrededores del Aeropuerto Internacional Toncontín a la espera del retorno al país del entonces presidente constitucional, José Manuel Zelaya Rosales.
El joven Murillo, perdió la vida tras recibir un proyectil de arma de fuego en la cabeza mientras participaba en una manifestación pacífica en las inmediaciones del aeropuerto, mientras que el ciudadano Alex Roberto Zavala Licona sufrió graves lesiones a consecuencia de los disparos realizados por elementos de las Fuerzas Armadas (FF. AA.).
De acuerdo con las investigaciones del MP, las actuaciones de los militares fueron brutalmente desproporcionadas, ya que dispararon de manera indiscriminada con fusiles de alto poder y grueso calibre (M16) contra ciudadanos que ejercían su derecho a manifestarse pacíficamente.
Dichas acciones, que resultaron en muertes y graves lesiones, no fueron actos aislados, sino crímenes ejecutados por elementos de la institución castrense bajo órdenes directas del jefe del Estado Mayor Conjunto, el subjefe y el director de Operaciones Especiales.
Según el requerimiento fiscal, los altos mandos del Estado Mayor Conjunto, responsables directos de comandar y planificar el operativo, no solo incumplieron su deber de supervisar y controlar a sus subordinados, sino que, con pleno conocimiento de los hechos, permitieron y facilitaron estas atrocidades.
Su negligencia e inacción configuraron graves violaciones a los derechos humanos, dejando a los manifestantes a merced de una fuerza militar que actuó con una violencia inhumana y desmedida.
EI MP reafirmó su compromiso de luchar contra la impunidad y fortalecer el Estado de Derecho en Honduras. La institución reitera que ninguna acción que viole los derechos humanos debe quedar sin castigo.
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