Tegucigalpa, Honduras (01.06.2024).- El Ministerio Público (MP) obtuvo auto de formal procesamiento contra el exalcalde de Choloma en el periodo del 2014-2018, Leopoldo Crivelli, acusado de los delitos de violación a los deberes de los funcionarios y fraude.
Esto por irregularidades en el proceso de ejecución del proyecto denominado “Mercado El Ceibón” en Choloma, Cortés, donde se ubicarían más de 270 vendedores ambulantes mediante, pero dicho inmueble nunca funcionó.
Es importante señalar que, las acciones se realizaron a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF).
Por otra parte, también se logró auto de formal procesamiento para Carlos Noé Ramírez Araque, expresidente ejecutivo del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) y Raúl Antonio Herrera Rodríguez, exgerente de fideicomisos del banco.
Investigación
Según la investigación, todo inició en el año 2015 cuando a un grupo de al menos 270 vendedores ambulantes de Choloma necesitados de un espacio de trabajo digno, se les aprobó en sesión de corporación municipal la construcción de un mercado, que se conocería como “El Ceibón”.
Fue así que se procedió con este proyecto anhelado por los locatarios, sin embargo, todo fue un fraude luego que el alcalde Crivelli junto al empresario Julio César Maldonado Hernández, también acusado por el MP, de la empresa SURCO gestionaron un préstamo ante elBanco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) por 35,600,000 mil lempiras (L) en donde hubo confabulación de sus autoridades al no seguir los procedimientos establecidos.
Dichos recurso que fue administrado por la empresa SURCO sin ningún tipo de controles, misma que los utilizó entre otros para gastos personales, pago de apartamento, transferencias particulares, pagos a tarjetas de crédito.
Al final se intentó justificar la obra con un edificio a medio construir, totalmente inhumano, sin condiciones dignas, de madera y muy precario, truncando así el sueño anhelado por los pequeños empresarios.
Según el requerimiento fiscal presentado, fue tanto el descaro que se obtuvo otro financiamiento en la empresa COFISA y el monto del préstamo llegó a los L55,426,275.37, valor que ahora lo deben los vendedores sin la opción de contar con su propio negocio, en un lugar adecuado, pero con la indignación y la impotencia de estar incluidos como morosos en la central de riesgos y sin poder acceder a créditos de ningún tipo.
Tras desarrollarse la audiencia de declaración de imputados, un juez impuso las medidas de firmar en los juzgados de letras cada 15 días, prohibición de salir del país y permanecer bajo el cuidado y vigilancia de su abogado.
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