Tegucigalpa, Honduras (28.04.2025).- Tras que la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción (Uferco), confirmara que se presentó un nuevo requerimiento fiscal contra varios exfuncionarios del Fondo Vial y
representantes legales de empresas privadas por suponerlos responsables de defraudar
al Estado de Honduras por más de 34 millones de lempiras, el Ministerio Público (MP), reveló nuevos detalles sobre el caso.
Cabe mencionar que, en este requerimiento fiscal se acusan a 12 personas, entre ellos Hugo Alfredo Ardón Soriano y Devis Leonel Rivera Maradiaga (alias Cachiro), ambos condenados en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.
La investigación revela que los funcionarios del Fondo Vial y particulares, autorizaron,
adjudicaron y suscribieron contratos fraudulentos con las empresas Inmobiliaria Rivera Maradiaga (INRIMAR) propiedad de Los Cachiros y Empresa Técnica de Ingeniería S.A.de C.V. (TECNISA) para el mantenimiento de la red vial no pavimentada en zonas de Colón.
Entre las irregularidades destacan, falsificación de firmas durante el proceso de licitación, sobrevaloración de precios, pagos ilegales, uso de materiales de baja calidad y omisiones graves en la supervisión de la obra, sin que se realizan medidas correctivas.
Se constató a través de pericia de extracción de información que, Edgardo Pérez Martínez
representante de INRIMAR, gestionó pagos irregulares y bonos a favor de funcionarios de esa dependencia, entre los beneficiados por agilizar los procesos y adjudicaciones ilegales figura una actual diputada suplente del Congreso Nacional.
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