Tegucigalpa, Honduras (31.08.2022).- En el marco de la Operación Némesis VIII, el Ministerio Público inspeccionó y extrajo información en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) donde se investiga la ejecución y cancelación de un contrato con la Nacional de Ingenieros Electromecánicos (NIE), entre 2016 y 2018, por el que finalmente se condenó al Estado de Honduras al pago de más de 37 millones de dólares, sumado a las costas procesales.
Los investigados por la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) son el exgerente Jesús Arturo Mejía y otras personas no mencionadas en la denuncia del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
De este modo, resultando necesario para los fiscales coordinar con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) la ampliación de diligencias en relación con el período desde que se suscribió el contrato de generación de energía térmica en La Ceiba y hasta que la millonaria indemnización por daños y perjuicios jugó en contra de la ENEE.
De manera que, el caso en investigación podría ir más allá de una presunta prevaricación administrativa y comprendería un posible fraude y violación de los deberes de los funcionarios o abuso de autoridad.
No obstante, determinar responsabilidades penales responde a criterios objetivos y con fundamento en pruebas, como es característico en todos los procesos entablados por el Ministerio Público.
Instituto de la Propiedad
Por otra parte, en Némesis VIII que se ejecuta a nivel nacional, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), en equipo con la ATIC, acusó al exdirector del Instituto de la Propiedad de San Pedro Sula, José Armando Uclés, por suponerlo responsable de violación de los deberes de los funcionarios.
El exfuncionario, en el año 2004, hizo caso omiso a una orden judicial acerca de la prohibición de celebrar actos y contratos sobre las acciones que una corporación mantenía en cuatro consorcios, irrespetando la medida precautoria e inscribiendo la protocolización de actas de una de las empresas emanadas desde Georgia, Estados Unidos.
Otras acusaciones de la FETCCOP son por actos de corrupción en el Registro Nacional de las Personas (RNP), promovidas contra Víctor Antonio Andrades García, exregistrador de La Ceiba, Atlántida, y contra Edson Roberto Laboriel, exoficial civil de Trujillo, Colón.
Comunicado:
