Tegucigalpa, Honduras (07.05.2025). – El Ministerio Público (MP), a través de la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA) presentó requerimiento fiscal contra 15 personas por su supuesta participación en una serie de hechos violentos ocurridos entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, que forzó el desplazamiento de más de 460 familias campesinas en el Bajo Aguan.
A estas personas, identificadas por la UMVIBA como miembros de la estructura criminal conocida como «Banda Los Cachos», la cual opera en la zona imponiendo control violento sobre las fincas, se les imputan delitos de desplazamiento forzado, privación ilegal de libertad, lesiones agravadas y asociación para delinquir, en perjuicio de cooperativas campesinas, así como de testigos protegidos y de la Constitución de la República.
Las víctimas, integrantes de la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Campesinas del Aguán (COPA), poseen títulos de propiedad extendidos por el Instituto Nacional Agrario (INA) desde hace 30 años sobre más de 1,800 hectáreas de tierra.
A pesar de contar con respaldo legal, estas familias han sido objeto de amenazas de muerte, disparos, secuestros y torturas por parte de este grupo que busca apoderarse de estos terrenos.
Además, a causa del temor infundido por la banda criminal y los constantes enfrentamientos, varios campesinos resultaron heridos, mientras que otros se vieron obligados a huir, abandonando sus viviendas y cultivos.
Se desplazaron forzadamente más de 160 familias de la Cooperativa Camarones, 125 de la Cooperativa Tranvío y 183 de la Cooperativa El Chile.
Como resultado de estas acciones, se logró la captura de uno de sus principales cabecillas, identificado como Juan Carlos Lizama Escalante.
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