Tegucigalpa, Honduras (26.04.2023).- Con la aprobación del Consejo de Ministros, y con el respaldo y la firme decisión de la Presidenta, Xiomara Castro, se remitió la Ley de Justicia Tributaria al Congreso Nacional (CN).
Honduras se ha convertido en uno de los países más pobres de Latinoamérica gracias al desastre que dejaron los 12 años de gobiernos anteriores, unidos a la empresa privada y otros grupos de poder, ocasionando problemas como el endeudamiento público que obliga al Estado a pagar más de 57 mil millones de lempiras anuales.
El presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), Marcio Sierra, arguyó: “Ese dinero para el pago de la deuda pública lo deberíamos sacar de las exoneraciones que se están dando, y nos sobraría dinero para apoyar los proyectos sociales que se están impulsando desde la Presidencia de la República”.
“La alta desigualdad en el país es reflejo de una política fiscal fracasada que se aplicó durante los últimos 12 años”, agregó el funcionario.
Sierra mencionó que hoy: “La propuesta de Ley de Justicia Tributaria no es un paquetazo porque no aplica un tan solo impuesto a la población, solo pide a los que más tienen, que aporten”.
La Ley cuenta con el apoyo del Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Por su parte, el director ejecutivo del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, indicó: “La expectativa del Cohep en este proceso de socialización, era que ellos redactarán de nuevo toda la ley e hicieran artículo por artículo a conveniencia de unas cuantas empresas”, a la vez expresó: “El Estado está obligado a representar los intereses de las empresas, pero también del pueblo”.
Ochoa añadió: “no están acostumbrados a un Gobierno que defiende los intereses de las mayorías, pero claramente este Gobierno sí lo está haciendo. En ese sentido, nosotros interpretamos que la exigencia del pueblo es que se detengan los abusos y la corrupción”.
“Existen amplios ejemplos sobre abusos y corrupción de empresas que durante décadas incumplieron las leyes en materia de cuánto producto podían importar, empresas que estaban amparadas en regímenes de exportación, cuánto producto podía vender en el mercado nacional, empresas que, aunque la ley prohíbe que empresas reciban beneficios simultáneos por dos regímenes, durante 5 años recibieron exoneraciones por más de 8 mil 600 millones de lempiras”, apuntó.
Por mandato de la Presidenta Castro, se deben combatir estos casos de corrupción, y lo que habilita la ley es crear las reformas para evitar que este delito y los abusos sigan sucediendo. Por lo que se habilitan mecanismos para que las instituciones del circuito tributario como SAR, Aduanas y Sefin, tengan facultades de cancelar exoneraciones en aquellas situaciones en las que se evidencian, por medio de una auditoría.
El titular de la SAR aseguró: “El Cohep en sus comentarios se concentró en exponer porqué están en contra de absolutamente todo lo que se está planteando en la Ley de Justicia Tributaria. En sus comentarios no hay una sola cosa con la que ellos estén de acuerdo, o sea que quieren que todo siga tal y como está. Nosotros les hemos expresado que existe un mandato del pueblo por realizar transformaciones profundas en materia económica, y que es parte del Plan de Gobierno”.
“En el proceso de socialización hubo comentarios valiosos por parte del Cohep y algunos fueron incorporados. La expectativa de ellos es que se incorporara el 100 por ciento de sus comentarios, pero eso significaría que no estemos enviando nada al Congreso Nacional y que todo seguiría como está ahora”, argumentó.
También comentó: “Ante el Consejo de Ministros se presentaron diez casos de corrupción, entre ellos, caso de empresas acogidas al régimen de fomento al turismo, vinculadas a cárteles del narcotráfico, que están señaladas actualmente en juicio del Distrito Sur de la Corte de Nueva York. Son empresas que a través de testaferros se constituyeron, obtuvieron beneficios fiscales, y su principal cliente era el Estado. Es un caso de corrupción circular”.
Y agregó: “Hoy en día, el SAR, Sefin y Aduanas no tienen herramientas para que, en casos como este, se castigue de inmediato a los evasores, a las empresas vinculadas al narcotráfico que recibieron beneficios fiscales”.
Para concluir, sostuvo: “La corrupción y el narcotráfico destruyeron el Estado de Derecho y la Seguridad Jurídica, y para reconstruir la economía, se debe refundar las bases de este Estado para que el mercado sea un espacio de libre competencia leal, que no existan empresas que emplean poca gente y reciben altos privilegios fiscales, que no existan empresas vinculadas al narcotráfico que reciben exoneraciones, que no existan empresas que durante una década abusan de las exoneraciones y que no reciban ninguna sanción”.
Cabe recordar, en 2020 se reformó la Ley de Zonas Libres (ZOLI), y con esto se permitió que empresas camaroneras, productoras de tilapia, mineras, que no se dedican a la producción textil, se adhieran a regímenes que exoneran absolutamente todos los impuestos. Muchas de las disposiciones que se han aprobado en este país, se están derogando con la Ley de Justicia Tributaria.
Por tanto, el 2023 será recordado en la historia como el año en el que se combatió la corrupción, se ampliaron las fronteras comerciales y diplomáticas, y el despegue económico de nuestro país.
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