Tegucigalpa, Honduras (07.03.2025). – El titular del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, afirmó este día que estas elecciones son diferentes, ya que hay competencia y un fiscal general que ha manifestado su compromiso con la Constitución de la República y la ley.
Redondo recordó que, las elecciones primarias e internas en Honduras han carecido de supervisión y control, lo que ha permitido la existencia de fraudes electorales sin consecuencias.
«Prácticas como el voto múltiple entre partidos y el inflado de votos por miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) a cambio de pagos han sido comunes», contempló.
El congresista resaltó que, el bipartidismo ha hecho creer que las elecciones primarias son exclusivas de los partidos políticos, «cuando en realidad son un derecho del pueblo hondureño. La ciudadanía ha pagado por elecciones democráticas y exige transparencia y legitimidad en los resultados».
«He sido un firme defensor de la implementación por primera vez de un Sistemas de Validación Biométrica y del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en las elecciones primarias de 2025 tal como en las Elecciones Generales. Estas medidas buscan garantizar la transparencia y autenticidad del proceso electoral, evitando prácticas fraudulentas como la duplicidad e inflado de votos», agregó.
El parlamentario dijo que, en agosto de 2024, se sometió a dictamen el presupuesto especial para las elecciones primarias e internas de 2025, enfatizando la necesidad de incluir la validación biométrica en las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
«Esta iniciativa surgió tras identificar irregularidades en procesos electorales primarios anteriores, como: el inflado de votos», con múltiples casos de personas «votando más de una vez». La validación biométrica propuesta contempla métodos como la verificación de huellas dactilares y reconocimiento facial, asegurando que cada ciudadano vote una sola vez», enfatizó.
Por otro lado, el TREP permitirá la transmisión en tiempo real de los resultados electorales desde las JRV, garantizando que los datos sean enviados de manera segura al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a los partidos políticos participantes, reduciendo así el riesgo de manipulación de actas y resultados.
En septiembre de 2024, el CNE acordó por unanimidad la implementación de la biometría y el TREP en los tres niveles electivos (presidencial, diputados y alcaldías) para las elecciones primarias de marzo de 2025. Esta decisión representa un avance significativo en la modernización del sistema electoral hondureño, garantizando procesos más transparentes y seguros.
«Sin embargo, algunos sectores políticos que anteriormente se opusieron a las reformas electorales y a la aprobación de disposiciones presupuestarias para garantizar la biometría y la transmisión de actas, ahora también rechazan las medidas planificadas por el CNE en este mismo sentido. Esta resistencia podría comprometer la implementación efectiva de herramientas diseñadas para fortalecer la transparencia electoral», expresó.
Llamado al MP
El titular del CN hizo un llamado al Ministerio Público (MP) para proceder de oficio e investigue de inmediato ante las denuncias y noticias crimines expuestas en los medios de comunicación con el audio que circula donde se asegura tener instrucciones de un candidato presidencial para usar una lija y dañar los dispositivos biométricos, evitando así la validación.
«Hago un llamado público al Ministerio Público para que proceda de oficio e investigue de inmediato ante las denuncias y noticias crimines expuestas en los medios de comunicación con el audio que circula donde se asegura tener instrucciones de un candidato presidencial para usar una lija y dañar los dispositivos biométricos, evitando así la validación. Estas personas deben ser llamadas a comparecer al @MP_Honduras que sepan que esto no es un juego, deben ser citados hoy mismo, y los miembros de las JRV deben abstenerse de ser cómplices o permitir que se usen lijas en los dedos para sabotear el proceso. Cualquier intento de este tipo debe ser sancionado con todo el peso de la ley», comentó.
Redondo agrego que, «el sabotaje electoral es un crimen y quienes lo promuevan, ya sea pública o clandestinamente, deben enfrentar las consecuencias legales. La democracia y la voluntad del pueblo no pueden ser manipuladas ni burladas».
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