Tegucigalpa, Honduras (16.10. 2024). – En un contundente mensaje, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, señaló que la corrupción público-privada ha deformado gravemente el sistema tributario de Honduras, creando una estructura fiscal que castiga a los más pobres mientras privilegia a una élite económica.
Redondo explicó, a través de su cuenta en X que la corrupción público-privada construyó un sistema tributario que cobra más impuestos a los pobres y beneficia a una pequeña élite económica.
Durante los últimos 12 años, 40 decretos fueron aprobados bajo una lógica corrupta entre élites económicas, diputados de los anteriores Congresos Nacionales y funcionarios públicos, cuyo fin fue privilegiar a una pequeña cúpula de la gran empresa nacional. Como consecuencia, el pueblo hondureño por medio del Gobierno habrá dejado de recaudar L. 628,939,000,000.00 (628,939 mil millones de Lempiras) es decir ( US $ 25,157,560,000.00 más 25,000 millones de dólares de los Estados Unidos.) entre junio de 2009 y diciembre de 2025, debido a las exoneraciones fiscales, dijo.
Asimismo, indicó que en este período (desde el golpe de Estado del 2009 a enero de 2022) se crearon seis nuevos regímenes de exoneraciones para grandes empresas, como las Alianzas Público-Privadas (APP) y las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
Además, se ampliaron 11 beneficios fiscales en los regímenes de exoneraciones existentes, como la extensión a 49 años de los incentivos para las Zonas Libres (ZOLI) y las cláusulas de Estabilidad Fiscal, que impiden al Estado cobrar nuevos impuestos a las APP. Se aprobaron 25 decretos para perdonar deudas tributarias a grandes empresas durante casi toda la década de 2010 a 2020. Con la reforma al Código Tributario de 2017, se cambió el principio de renta mundial a territorial, permitiendo que 503 personas y empresas no pagaran impuestos por ingresos del exterior, además de instaurar el secreto bancario para evitar la fiscalización de grandes capitales, por otro lado, se estarían realizando grandes inversiones fuera del país en una especie de triangulación de operaciones para evadir el pago de impuestos. Al mismo tiempo, se crearon 14 nuevos impuestos que afectan principalmente a los más pobres.
La operación público-privada de los últimos 12 años devela la corrupción estructural con la que han operado sectores de la élite económica para acumular riqueza y concentrar mercados. Mientras un grupo reducido de 142 empresas gozó de dos tercios de la totalidad de las exoneraciones fiscales, más de 300,000 empresas restantes sí pagaron sus impuestos, al igual que los cientos de miles de emprendedores y comerciantes individuales del sector «informal» de la economía. Esto sucede porque los regímenes de exoneraciones vigentes han sido moldeados a los intereses de grupos empresariales particulares, no a los de las mayorías, utilizando sus relaciones con exdiputados del Congreso Nacional y funcionarios del Poder Ejecutivo. Un ejemplo de ello es la desnaturalización del régimen ZOLI para que empresas mineras y otras no pagaran ningún tipo de impuesto, ni siquiera tasas municipales, o la creación de las ex-ZEDE con total autonomía política, fiscal y monetaria, permitiendo la instauración de paraísos fiscales en el territorio nacional.
A la par de este pernicioso y corrupto modelo de exoneraciones fiscales, las élites económicas edificaron también una normativa que legalizó la evasión, permitiéndoles esconder sus riquezas sin pagar impuestos mediante paraísos fiscales. Personas naturales y grupos económicos familiares, dueños de grandes emporios millonarios, declaran no recibir ni un solo Lempira de ingresos y no pagan ningún impuesto, o dividen sus rentas e ingresos de tal manera que evaden gran parte de sus obligaciones fiscales. Todo esto es posible porque lograron convertir a Honduras en un paraíso fiscal para los grandes capitales nacionales y para capitales de dudosa procedencia del exterior (lo que podría constituir lavado de activos de la corrupción, narcotráfico o terrorismo, ESTO SE DEBE INVESTIGAR). Para que tengamos una idea de la desproporcionalidad que violenta los principios constitucionales, las diez familias más ricas del país tienen una tasa efectiva de impuestos del 0.03%, mientras que el 10% de la población con menores ingresos paga el 50% de sus ingresos en concepto de impuestos.
En definitiva, tanto su construcción corrupta como sus resultados hacen del sistema tributario hondureño una realidad urgente de actuar. Es imprescindible poner fin a la corrupción y a los abusos de un pequeño grupo de empresas y familias que han utilizado al Estado como su ventanilla de trámites. El Estado, los impuestos y el futuro del país pertenecen a todos los hondureños y hondureñas, no a diez familias y sus empresas.
Para explicar un poco al pueblo hondureño una exoneración funciona cuando el gobierno renuncia a cobrarles temporalmente impuestos a las empresas que se han establecido en alguno de estos regímenes mencionados: es aquí donde el Estado deja de recaudar impuestos para favorecer a las empresas que se establezcan e inviertan. Sin embargo, tales regímenes no han logrado el propósito de aumentar empleo de calidad ni tampoco desarrollar la economía del país.
Estas medidas deberían ser solamente temporales. Sin embargo, en Honduras se da el caso de que estas exoneraciones se han ampliado por varias décadas. Y no solamente eso, sino que también se han creado más regímenes. Por eso, en las últimas décadas se han creado, a través de distintos decretos en los Congresos Nacionales anteriores, no menos de 10 regímenes de exoneraciones nuevas, más la ampliación de los regímenes que ya existían. En la mayoría de ellos, las exoneraciones se han ampliado por plazos de más de 10 a 20 años.
Por otro lado, la deuda pública de Honduras pasó de L70,529.74 millones en junio de 2009 a
L. 482,045 millones de Lempiras (Proyección del saldo de la deuda pública al cierre de 2025
= $19,281.8 millones dólares de los Estados Unidos) a diciembre de 2025. Asimismo, durante este mismo período, el Estado dejará de recaudar L. 628,939 millones de Lempiras a diciembre del 2025, debido a que varios contribuyentes se acogieron a regímenes de beneficios fiscales.
Para el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del ejercicio fiscal 2022, el pago anual de la deuda ascendió a L. 53,659.09 millones de Lempiras, y para 2025 se estima un monto de L.67,3l9.53 millones de Lempiras, mientras que se dejarán de recaudar L. 66,031.00 millones de Lempiras por concepto de privilegios fiscales. Como consecuencia, el Estado ha tenido que contraer obligaciones adicionales para financiar este endeudamiento, al tiempo que ha perdonado montos mayores a través de los regímenes de beneficios fiscales. Es decir:
𝑷𝒐𝒅𝒓𝒊𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒈𝒂𝒓 𝒕𝒐𝒅𝒂 𝒍𝒂 𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂 𝒑𝒖𝒃𝒍𝒊𝒄𝒂 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂 𝒚 𝒆𝒙𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂 𝒅𝒆 𝑯𝒐𝒏𝒅𝒖𝒓𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒆 𝒉𝒂 𝒆𝒙𝒐𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆 𝒆𝒍 𝟐𝟎𝟎𝟗 𝒚 𝒍𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒗𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝟐𝟎𝟐𝟒 𝒚 𝒂 𝒍𝒂 𝒗𝒆𝒛 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒕𝒊𝒓 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒂𝒓𝒓𝒐𝒍𝒍𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒊𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒊𝒏𝒇𝒓𝒂𝒆𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆 𝒐𝒕𝒓𝒐𝒔.
NO MAS CORRUPCION TRIBUTARIA
La construcción histórica del sistema tributario, particularmente en los últimos 12 años, las 40 leyes y decretos aprobados han permitido legalizar la corrupción, la cual ha quedado evidenciada en diferentes casos que solamente demuestran que reformas superficiales no podrán poner un alto a la corrupción público-privada. Aquí se muestran un resumen de algunos casos emblemáticos.
1.El principio de renta territorial facilita la evasión de cientos de millones a una poderosa familia. En Honduras, un grupo económico familiar reportó que sus empresas tuvieron ingresos, en 2021, por 694 millones de Lempiras, de los cuales apenas 64 millones los generaron dentro del territorio nacional. Según sus reportes, el resto lo obtuvieron en el extranjero. Sin, embargo, las empresas en el exterior identificadas con este grupo se encuentran en Islas Vírgenes Británicas.
¿Cómo lo hicieron? Este grupo utiliza “empresas de maletín» ubicadas en tales islas para enviarse las ganancias al exterior y, luego, volverlas a enviar a Honduras para así evadir el pago de impuestos. En otras palabras, a través de estas empresas lograron declarar que 631 millones de Lempiras, que fueron generados en Honduras. aparecían como dinero que obtuvieron fuera del país, situación que corresponde con la realidad. Esto tuvo como resultado que este grupo económico apenas pagara 9 millones de Lempiras por concepto de impuestos, evadiendo el pago de 157 millones Lempiras.
2.Un grupo económico creó empresas para tener negocios con el Estado y, además, las exoneraba. La corrupción público-privada en Honduras llegó a tales niveles de impunidad que se crearon empresas ligadas al crimen organizado que también eran exoneradas. Durante el año 2015 se constituyó una empresa en el sector turismo a nombre de un testaferro del grupo económico, quien además fue acusado en 2018 por el Ministerio Público en el caso Pandora. Dicha empresa también se encuentra exonerada bajo el régimen de Fomento al Turismo. Esta empresa recibió mediante transferencia tres aeronaves compradas con recursos ligados a la narcoactividad. Tales aeronaves, posteriormente, eran alquiladas al Estado de Honduras recibiendo exoneraciones fiscales.
3.Ley de Fomento al Turismo tiene entre sus principales beneficiados a empresas que no son turísticas y están ligadas al crimen organizado. Una de las principales empresas que ha recibido exoneraciones para no pagar impuestos en este régimen ha sido una empresa que se dedica a rentar vehículos blindados y de otro tipo. Esta actividad económica no está directamente ligada a la creación de inversiones directas para el fomento del turismo en el país. Y, además, esta empresa ha estado ligada a actividades ilícitas de lavado de activos y narcotráfico.
4.Doble exoneración: aunque la ley prohíbe beneficiarse de dos regímenes de exoneración, una poderosa empresa energética si lo logró. La ley, a través del decreto 113-2021, establece que las empresas no pueden estar al mismo tiempo en dos regímenes de exoneración (Por ejemplo, no pueden gozar de exoneraciones bajo el Régimen de Zonas Libres y Fomento al Turismo). Sin embargo, una empresa poderosa en el sector energía utilizó sus influencias en el Ejecutivo y Legislativo para poder reportar y beneficiarse de exoneraciones en 2 regímenes. Esta corrupción legalizada permitió a la empresa beneficiarse, durante 5 años, con más de 8 mil millones de Lempiras.
5.Grupos económicos lograron que se reforme la ley de Zonas Libres (ZOLI) para que puedan vender el 100% de sus productos dentro del país sin pagar ningún impuesto. Este régimen nació con la idea de que las empresas se fortalecieran con las exoneraciones para que pudieran exportar sus productos fuera del país. Sin embargo, en los últimos años, algunos grupos beneficiados por el régimen ZOLI han logrado, mediante contactos en el Ejecutivo y Legislativo, cambiar la ley a su favor para que puedan vender sus productos dentro de Honduras. De esta manera, 31 empresas vendieron más de 2,970 millones de Lempiras en el mercado nacional aun y cuando la ley solamente les permite vender una parte de su producción. Esta situación genera una competencia desleal con empresas que sí pagan impuestos porque las empresas exoneradas pueden vender sus productos a un menor precio. Este tipo de corrupción legalizada le costó al fisco más de 200 millones de Lempiras que las empresas exoneradas no pagaron.
6.Poderosos actores económicos logran reformar la ley de ZOLI para beneficiar empresas particulares “con nombre y apellido». En Honduras, los cambios que se hacían a las leyes son tantos y ocurrieron con tal frecuencia que terminaron modificando el propósito por el cual fueron elaboradas, permitiendo beneficiar a empresas y personas específicas. Con el decreto 8-2020 (Que modificó el régimen ZOLI) ya no solamente se beneficiaban a las actividades de manufactura, sino que se permitió que empresas pudieran entrar y recibir exoneraciones. En otras palabras, se modificó la ley para beneficiar a empresas específicas.
7.Ley de Fomento al Turismo permite que empresarios no paguen impuestos simulando impulsar el “turismo» en el país importando transporte de lujo sin pagar impuestos.
8.Empresas en el sector de combustibles en régimen ZOLITUR evaden 900 millones de Lempiras. Este acto de corrupción fue posible porque las empresas ligadas a los combustibles presentaron documentos falsificados con los cuales recibieron exoneraciones, las empresas beneficiadas están adheridas a este régimen que opera en las Islas de la Bahía.
9.El Gobierno anterior dejo el poder, otorgando a última hora perdones fiscales y favoreciendo a empresas. 4 decretos fueron aprobados un mes después de haber perdido las elecciones para darle un último apoyo a empresas evasoras del fisco:
a.Decreto 117-2021. Este decreto permite que empresas exoneradas no se les pueda investigar y auditar para saber si están cometiendo evasión fiscal cuando están vendiendo productos con otras empresas con las cuales tienen relación. Esto ocurre porque empresas que tienen relación entre sí pueden acordar venderse productos a un precio menor para así evadir el pago de impuesto o reducirlos.
b.Decreto 170-2021. Este decreto estableció una regularización (que es perdonar la deuda que tiene una empresa con el fisco) para las empresas que estaban pendientes con la administración tributaria, a un costo para las finanzas públicas por el orden de los 9,928 millones de Lempiras.
c.Decreto 123-2021. Permite que una poderosa empresa pueda importar combustibles altamente contaminantes para el país sin pagar impuestos y sin ningún control sobre el mismo.
d.Decreto 126-2021. Este decreto ordena al Poder Ejecutivo declarar favorable cualquier trámite administrativo que obre en su poder en un plazo máximo de 30 días, violentando el principio constitucional de división de poderes. Diseñado especialmente para beneficiar a una empresa con resoluciones pendientes.
10.25 decretos de amnistías y regularizaciones fueron moneda de cambio entre empresarios y políticos. Las regularizaciones y amnistías tributarias sirven para que los contribuyentes puedan solventar su situación de deuda en materia de impuestos. A cambio de un pago establecido empresas y personas puedan regularizar su situación tributaria o recibir alguna amnistía en el pago de sus deudas. Sin embargo, se crearon leyes para utilizar las amnistías para favorecer continuamente a empresas para que así, no pagaran nunca sus deudas, amparándose siempre en estas leyes. También, se establecieron disposiciones para limitar la capacidad del SAR para revisar, auditar o cancelar las exoneraciones, aunque encontraran indicios de abusos.
La Ley de Justicia Tributaria ha sido el proyecto de ley en materia tributaria más socializado en la historia de Honduras. Entre el Poder Ejecutivo y este Poder Legislativo realizamos durante el periodo de un año y medio una amplia socialización. Con más de 44 audiencias públicas televisadas para que el pueblo hondureño y la historia tengan los registros en video a la mano. Esto sin contar con las comparecencias, conferencias de prensa, foros televisivos entre otros. Algo sin precedentes en materia de socialización.
Y por mucho que se haya tratado de distorsionar, desacreditar y difamar este proyecto de ley, todo empresario, todo organismo de empresarios, organismos de economistas, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, saben que en Honduras se creó todo un sistema de privilegios para muy pocos, prometiendo cosas que no se cumplieron y que en la actualidad se siguen incumpliendo, como ser la generación de empleo.
Son tan grandes estos privilegios que el monto acumulado entre 2009 y 2025 pudo haber financiado el cumplimiento de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia de educación, salud, acceso a vivienda, agua potable, energía e infraestructura (según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y SAR). Las exoneraciones perdonadas anualmente superan con creces el presupuesto de salud y educación de toda la población hondureña, violentando los principios constitucionales sobre equidad e igualdad social.
Porque por mucho que digan lo contrario. estos excesivos privilegios violentan el derecho a la libertad de empresa. la igualdad empresarial y la seguridad jurídica, porque generan dos tipos de empresa: las empresas que tienen privilegios y las empresas que no tienen privilegios.
El primer grupo de empresas que tiene privilegios tiene una situación por encima de más del 99% de las empresas de Honduras (que no tienen privilegios). Creando graves desigualdades. desventajas, competencia desleal en múltiples rubros y ocasionando al Estado un enorme vacío fiscal que es SUBSIDIADO POR TODO EL PUEBLO HONDUREÑO y los MIGRANTES para las empresas más ricas del país.
Por mucho que digan que esta Ley de Justicia Tributaria viene a desincentivar las inversiones y a los empresarios, esto NO es cierto, porque el mismo Fondo Monetario Internacional está de acuerdo que se apruebe, tal como se ha hecho en muchos países.
Ya que mientras existan clases privilegiadas que no se someten a la Constitución difícilmente podrá existir seguridad jurídica y un verdadero Estado de Derecho en Honduras, puesto que la misma Constitución establece en el «Artículo 60 . Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la Ley…»
De igual manera, mientras existan clases privilegiadas que no se someten a la Constitución no podrá existir un sistema económico de libre empresa, en igualdad de condiciones y de libre mercado.
Por lo que con esta votación y aprobación de esta ley de justicia tributaria el pueblo hondureño va a determinar y a saber quién está con el 99% de los empresarios (que no tienen privilegios) y el pueblo hondureño que subsidia ese enorme vacío fiscal y quiénes están con estas empresas que tienen privilegios injustificados.
Es decir, que con la votación y aprobación se sabrá, a quien pertenece el voto de cada Congresista, si pertenece a esa clase privilegiada o al pueblo hondureño.
Y no se equivoquen, que, si la clase privilegiada ha logrado comprar a la mayoría de la voluntad de los Congresos Nacionales anteriores, todavía quedan los mecanismos de participación ciudadana, como el plebiscito, el referéndum para realizar una consulta ciudadana que fácilmente se puede hacer en las próximas elecciones generales para aprobar esta Ley de Justicia Tributaria en favor del pueblo hondureño.
Debemos despertar para desarrollar el país
¿Como pretenden que avancemos como nación con esto que han hecho?
¿Es que no tienen conciencia?
Tenemos la oportunidad histórica de devolver un mejor futuro al pueblo de Honduras.
Hoy iniciamos una discusión fundamental para el futuro de nuestro país: el dictamen de la Ley de Justicia Tributaria. Este proyecto de ley no es solamente una propuesta legislativa más, es una herramienta crucial para construir un sistema tributario que responda a las necesidades del pueblo hondureño, uno que promueva la equidad, la justicia y el desarrollo inclusivo.
Históricamente, nuestro país ha enfrentado desafíos relacionados con la evasión fiscal. la inequidad en la recaudación de impuestos y un sistema que no siempre ha sido efectivo ni transparente. Es hora de corregir esos desequilibrios y de ofrecerle a Honduras una estructura tributaria moderna, equitativa y progresiva.
La justicia tributaria no se trata solo de aumentar o redistribuir los impuestos, sino de garantizar que cada ciudadano y cada empresa contribuyan de acuerdo a sus capacidades reales, y que esos recursos se traduzcan en servicios públicos eficientes, infraestructura de calidad, educación de primera y una salud digna para todos.
El proyecto que vamos a discutir busca reducir la evasión y elusión fiscal, establecer mecanismos claros de fiscalización, y asegurar que las exoneraciones y beneficios tributarios se otorguen únicamente cuando tengan un impacto real en el crecimiento económico y el bienestar social. Además, es nuestra responsabilidad como representantes del pueblo, velar porque este nuevo sistema sea sencillo, transparente y que promueva la confianza en nuestras instituciones.
Sabemos que el proceso no será sencillo. Cada uno de nosotros representa voces distintas y preocupaciones legítimas de diversos sectores de la sociedad, pero estoy convencido de que podemos encontrar un consenso para lograr un marco fiscal justo y sostenible. Este debate no se trata solo de política tributaria, sino de justicia social, para acabar con la Corrupción Tributaria y la violación a los principios de igualdad de nuestra constitución.
Vamos a discutir este proyecto con responsabilidad, sabiendo que lo que está en juego es el bienestar presente y futuro de Honduras. Que cada decisión que tomemos esté guiada por el compromiso de mejorar la vida de nuestros ciudadanos y por el deber de fortalecer nuestra democracia y nuestras instituciones.
Este dictamen es solo el primer paso en un camino que debe llevarnos a un sistema más equitativo, donde la carga fiscal no recaiga desproporcionadamente sobre los más vulnerables, y donde el crecimiento económico sea inclusivo para todos.
Con esta convicción, declaro abierta la discusión del dictamen de la Ley de Justicia Tributaria. Que nuestras intervenciones se enfoquen en los principios de equidad, transparencia y bienestar común.
Tegucigalpa M. D. C., a los 15 días del mes octubre del año 2024.
TE HAN MENTIDO Y TE VAN A SEGUIR MINTIENDO.
NO CAIGAS EN SU RED DE ENGAÑOS.
LA JUSTICIA TRIBUTARIA DEBE PREVALECER SIEMPRE.
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