Tegucigalpa, Honduras (23.10.2024).- El congresista del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon Herrera, reaccionó ante los cuestionamientos de diversos sectores en torno a la Cadena Nacional en la que compareció el fiscal general de la República, Johel Zelaya, para anunciar los casos de corrupción.
Zelaya detalló en la cadena nacional que, los casos de corrupción que dejó la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) será retomará el Ministerio Público (MP) en Honduras.
Al respecto, Dixon expresó que la acción era necesaria para evitar la desinformación que genera en la ciudadanía la oposición política con sus discursos, en los cuales califican de persecución política los requerimientos fiscales presentados contra exfuncionarios.
A su criterio, el fiscal general lo que hizo fue aclarar que no se está persiguiendo a nadie, a ningún político, que al señor Nasry Asfura no se le está persiguiendo por su condición de político o candidato, sino porque existen pruebas de los delitos que se le acusan.
Mensaje del MP
«Nosotros tenemos las pruebas suficientes para determinar que ese señor, que fue alcalde municipal, malversó 28 millones de lempiras, dinero que fue utilizado para sus cuentas personales, gastos familiares y pagar campaña política», señaló el congresista.
«Al hacer públicas las pruebas, se demuestra que no se está persiguiendo a Nasry Asfura por su condición de político o de candidato del Partido Nacional», recalcó.
Asimismo, reiteró que es necesario que la población conozca del propio responsable de dirigir el MP, la razón por la cual se les ha presentado un requerimiento fiscal a los exfuncionarios mencionados.
En este contexto, explicó que es necesario diferenciar entre persecución política y persecución del delito, ya que quien los comete, independientemente de que sea político, deberá ser juzgado como cualquier otro ciudadano.
En otro tema, Herrera refirió que la insurrección legislativa que mantiene la bancada nacionalista es para impedir la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, que se encuentra en su segundo debate.
«Esta gente no representa al pueblo, sino a grupos de poder que no quieren pagar impuestos, entonces, pasan presionando para que paralice este poder del Estado», sostuvo.
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