Tegucigalpa, Honduras (16.01.2025).- La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Lizette Ráquel Obando, juramentó a los miembros del Comité de Probidad y Ética, junto con su Comité Adjunto, elegidos para el período 2024-2026.
Este acto marca la culminación del proceso electoral estipulado en el reglamento para la integración y funcionamiento de los Comités de Probidad y Ética del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
El nuevo comité está integrado por cinco servidores electos por un período de dos años, período para el cual actuará como presidenta Cinthia Carranza, coordinadora de la Unidad de Clasificación de Puestos y Salarios.
La secretaria Lindeisy Sánchez, asistente técnico II de la Dirección de Administración de Personal, vocal I London Gough, Juez del Tribunal de Sentencia Penal con Competencia Nacional, vocal II Saida Vargas, Técnico Especializado de la Dirección de Administración,
Por otra parte, el vocal III Tomás Pérez, jefe del departamento de Archivo, Registro y Control de la Contraloría del Notario.
El Comité de Probidad y Ética tiene como objetivo principal promover una cultura de ética y transparencia en el Poder Judicial, fomentando conductas alineadas con el Código de Conducta Ética del Servidor Público.
Este organismo opera tanto en las dependencias administrativas como judiciales, garantizando el cumplimiento de las normas de conducta establecidas.
Como parte de este esfuerzo, durante el último trimestre de 2024, Ráquel Obando instruyó la conformación de la Comisión Coordinadora de Elecciones del Comité de Probidad y Ética.
Esta comisión, integrada por las titulares de la Dirección Administrativa, Secretaría General y Dirección de Administración de Personal, lideró el proceso de convocatoria, promoción, inscripción de candidatos y desarrollo de elecciones, logrando conformar el segundo Comité de Probidad y Ética en la historia del Poder Judicial.
Con esta iniciativa, la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia reafirma su compromiso de fortalecer la cultura institucional basada en el respeto a las leyes y reglamentos, la promoción de buenas prácticas y valores éticos y el fomento de un entorno de integridad dentro del Poder Judicial.
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