Tegucigalpa, Honduras (26.10. 2024). – El Instituto de la Propiedad (IP) entregó 498 títulos de propiedad a pobladores de 10 comunidades del municipio de Olanchito, Yoro, beneficiando a un total de 2,500 habitantes, que esperaron por casi 20 años para contar con este documento.
Este evento realizado este fin de semana en la comunidad de Tepusteca, forma parte de un proceso de entrega masiva que ha priorizado el Gobierno del Socialismo Democrático.
El objetivo de la Presidenta Xiomara Castro es garantizar la seguridad jurídica y el acceso a la tierra, promoviendo el desarrollo integral de las comunidades beneficiadas.
Este beneficio también llega a otras comunidades como: Caserío Bálsamo Oriental, Nuevo Méndez, Macora, Armenia, Hacienda San Luis, Viejo Méndez, El Barranco, Sabana de San Carlos y La Cumbre.
Por su parte, el presidente de la Comisión Interventora del IP, Esdras Gutiérrez, destacó que, con estos títulos, los pobladores aseguran la tenencia legal de sus tierras, lo que facilita su acceso a programas de financiamiento y crédito, y mejora sus oportunidades de desarrollo económico y social.
“Seguimos trabajando para acercar los servicios a la población, brindando soluciones concretas que mejoren la calidad de vida de las familias hondureña, reforzando el compromiso del Gobierno de cumplir con su mandato de justicia social”, afirmó Gutiérrez.
Contar con un título de propiedad en dominio pleno, representa múltiples beneficios para los habitantes, como la certeza jurídica sobre sus terrenos, lo que les permite mejorar sus viviendas, heredar la propiedad a futuras generaciones y acceder a financiamientos mediante el uso de sus tierras como garantía.
Además, este tipo de seguridad contribuye al emprendimiento local, fomenta la inversión y eleva el valor de las propiedades en las comunidades beneficiadas.
Entre tanto los beneficiarios expresaron su agradecimiento al IP y al gobierno de la presidenta Xiomara Castro, subrayando el impacto positivo que la obtención de estos títulos tendrá en sus vidas y en el futuro de sus familias.
Con esta entrega, el IP reafirma su misión de promover la seguridad jurídica y contribuir al bienestar social, consolidando un desarrollo sostenible para las comunidades rurales del país.
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