Tegucigalpa, Honduras (13.02.2025).- El Instituto de Conservación Forestal (ICF) en respuesta a una denuncia sobre actividades ilegales de deforestación e incendios en la microcuenca El Sastre, en Sonaguera, Colón, llevó a cabo una inspección exhaustiva de la zona afectada.
El operativo se realizó con la colaboración de diversas instituciones, con el objetivo de confirmar los hechos denunciados y establecer medidas correctivas.
La inspección, que contó con la participación de representantes comunitarios, personal del II BPA, la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y técnicos del ICF, permitió identificar múltiples señales de actividades humanas ilegales.
Entre las evidencias encontradas se incluyó el cercado de una zona dentro del área protegida, lo que confirma la presencia de asentamientos humanos en un espacio que debería ser de acceso restringido.
Además, se utilizó tecnología avanzada para corroborar la magnitud del daño.
A través de un levantamiento aéreo con dron, se confirmaron varias áreas afectadas por la deforestación y los incendios, las cuales fueron georreferenciadas.
Reporte de zona afectadas
Según el reporte comunitario, más de 40 hectáreas de tierra han sido impactadas por estas actividades ilícitas.
El ICF, en conjunto con las autoridades locales, está recopilando información clave para dar inicio a las acciones legales correspondientes y evitar que la situación empeore.
En este sentido, se subraya que la preservación de los recursos naturales de la región es prioridad para las autoridades, quienes se comprometen a continuar con las acciones necesarias para proteger el ecosistema de la microcuenca El Sastre.
El ICF reiteró su llamado a la ciudadanía para que se mantenga vigilante ante cualquier actividad ilegal en áreas protegidas y recuerda que el daño ambiental no solo afecta a la fauna y flora local, sino también a las comunidades que dependen de estos recursos para su sustento.
Las autoridades aseguran que se tomarán medidas contundentes para frenar la deforestación en la región y sancionar a quienes resulten responsables.
La situación pone en evidencia una vez más la urgente necesidad de fortalecer la vigilancia y la implementación de políticas de protección ambiental en las zonas más vulnerables del país.
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