Tegucigalpa, Honduras (30.05.2025). – Desde 2018, el Centro Nacional de Despacho (CND) advirtió sobre la necesidad urgente de que el Estado de Honduras adquiriera 450 megavatios (MW) de potencia y energía asociada para cubrir el déficit del sistema eléctrico nacional.
Sin embargo, debido al abandono técnico y a la destrucción progresiva de la institucionalidad energética, en 2022 el país no contaba con una junta de licitación conformada ni con términos de referencia adecuados. Además, el enfoque inicial apostaba únicamente por energía térmica, cara y contaminante.
Frente a esta realidad, la actual administración decidió no aplicar soluciones improvisadas ni temporales. En cambio, trazó un camino serio y estructural: garantizar el abastecimiento del país con energía renovable para los próximos ocho años. Para lograrlo, se potenció la capacidad técnica de la junta de licitación, se incorporó asesoría internacional especializada y se adoptará un modelo moderno basado en subastas inversas y rondas sucesivas, como ya lo hacen países con planificación energética sólida y regular.
Mientras otras naciones lanzan sus licitaciones cada cinco años, Honduras —por primera vez— inicia un proceso transparente, competitivo y orientado al desarrollo sostenible.
No obstante, ciertos sectores como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), encabezada por Carlos Hernández, se oponen al ingreso de nuevos oferentes al mercado eléctrico.
Estas posturas levantan serias dudas, ya que parecerían favorecer a los generadores actuales, que venden energía a precios elevados y que, eventualmente, podrían tener vínculos financieros con quienes promueven dicha oposición.
Resulta contradictorio que sectores políticos y sociales que anteriormente exigían licitación, ahora propongan postergarla para el próximo gobierno. Esa maniobra no solo es incoherente, sino peligrosa: de aplazarse el proceso, el país enfrentaría racionamientos severos en 2027 y 2028.
Este tipo de bloqueos no responden al interés del pueblo hondureño, sino a agendas políticas disfrazadas de “vigilancia ciudadana”. El desarrollo energético del país no puede estar supeditado a cálculos electorales ni a presiones de grupos que, sistemáticamente, obstaculizan el avance de Honduras.
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